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MARIA ALTIMIRA Barcelona

Algun membre del 6,5% de les llars de Catalunya reconeix haver demanat ajuda a familiars, amics, entitats privades o religioses per a aliments, roba o altres béns bàsics durant l’any 2016, segons l’enquesta de condicions de vida publicada per l’Idescat. Concretament, un 4,4% manifesta haver-ne demanat a parents i persones amb qui manté una relació d’amistat, un 1% a entitats religioses i privades i l’1,1% restant ho hauria fet per les dues vies.

Les dades de l’informe també apunten un lleuger increment en el nombre de persones que es troben en una situació de risc de pobresa. Aquesta taxa va ser del 19,2% l’any 2016, 0,2 punts per sobre de la xifra registrada un any abans. En aquest context, la Taula del Tercer Sector ha advertit que la pobresa s’està cronificant i ha assegurat que la renda garantida de ciutadania podria revertir la situació, tal i com ha recollit l’agència de notícies ACN.

Per grups d’edat, els majors de 65 anys en risc d’exclusió van experimentar el major creixement, d’uns 3 punts, fins a assolir el 15%. Els menors de 16 anys van assolir la taxa més alta amb un 24% però la xifra va experimentar un descens de 3,9 punts respecte de 2015.

Segons la composició de la llar, aquelles amb fills dependents són les que tenen taxes més elevades de risc de pobresa amb un 23% malgrat que el percentatge s’ha reduït en dos punts. Dins d’aquest col·lectiu, l’índex més alt és el de les llars d’un adult amb un o més fills dependents. Una xifra que contrasta amb el 14,9% registrat entre el col·lectiu format per les llars sense fills dependents.

El llindar d’ingressos per sota del qual es considera que una llar està en situació de risc de pobresa es situa en els 10.054 euros anuals per una persona i 21.114 en aquells nuclis formats per dos adults i dos infants.

Entre els nous indicadors que ofereix l’enquesta, destaca aquell vinculat a la pobresa energètica que situa en el 1,4% de la població aquelles llars privades, per causes econòmiques i almenys en una ocasió, d’una font d’energia necessària per a realitzar les activitats de la vida diària.

http://m.ara.cat/societat/pobresa-llars-Catalunya_0_1802219905.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=ara

Así lo refleja la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el INE.

Más de tres millones de hogares españoles (el 16,4%) contaba en 2016 con al menos una persona dependiente.

Además, el 36,6% de los hogares con personas dependientes y que reciben cuidados a domicilio los pagó con “dificultad” o “mucha dificultad”.

Por otro lado, del 43,7% de menores de 3 años que asiste a guarderías, más de la mitad (54,6%) paga íntegramente estos servicios.

Tres de cada diez hogares españoles en los que vive una persona dependiente que necesita recibir cuidados a domicilio (el 30,8%) no tienen cubierta esta asistencia; la mayoría de ellos (el 69,3%), porque no pueden pagarla.

Este es uno de los datos que refleja la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que en esta ocasión se centra en el acceso de los hogares a los servicios relacionados con el cuidado de los niños y de las personas mayores, con la educación y con los servicios sanitarios.

En 2016, más de tres millones de hogares españoles, el 16,4% del total, contaban con al menos una persona dependiente, y en el 14,4% de estos hogares esa persona recibía cuidados a domicilio, según expone esta encuesta.

Además, el 36,6% de los hogares con personas dependientes y que reciben cuidados a domicilio los pagó con “dificultad” o “mucha dificultad”, mientras que solo un 21% accedió a este servicio de forma gratuita.

El nivel de renta es determinante a la hora de contar con estos servicios, de modo que entre los hogares con personas dependientes y más poder adquisitivo, el 23,2% dispuso de cuidado a domicilio, frente al 9,1% en el caso de los más pobres.

Acceso a los servicios sanitarios

Otro apartado de la encuesta recoge que del 90,2% de los hogares que utilizó los servicios sanitarios en los doce meses, uno de cada tres no pagó por ellos, mientras que uno de cada diez los abonó con “dificultad” o “mucha dificultad”.

Dentro de estos servicios, el INE incluye consultar a un médico de familia o especialista, ir a por recetas, acudir a un hospital o los tratamientos dentales.

Cuidado de niños menores

Respecto al cuidado de niños menores de 3 años, la estadística refleja que el 43,7% (unos 620.000 del total) asisten a guarderías; de ellos, más de la mitad (54,6%) paga íntegramente estos servicios, mientras que para el 22,2% son gratuitos.

De nuevo es el nivel de ingresos el que determina la asistencia a estos centros, que alcanza el 62,5% en el caso de los niños que pertenecen a familias con ingresos elevados y se reduce hasta el 26,3% en las que tienen ingresos bajos. No obstante, el 65,4% de los hogares con ingresos bajos y al menos un menor de tres años que asistía a un centro de cuidado infantil no tuvieron que pagar por ello.

Por otro lado, más del 35% de los hogares con ingresos bajos tuvieron necesidad de utilizar los centros de cuidado infantil y no lo hicieron, principalmente, en el 63,6% de los casos, porque no pudieron permitírselo.

Educación de niños y jóvenes y acceso

En cuanto a la educación, según el INE, el 98,4% de los niños de 3 a 15 años asiste a centros educativos y en casi el 60% de los casos la familia no tuvo que pagar su coste. Además, el porcentaje de hogares que pagó por estos estudios aumenta a medida que se incrementan los ingresos del hogar.

Por otra parte, un 19,2% de los mayores de 16 años dicen que les habría gustado recibir algún tipo de formación en los últimos 12 meses pero no lo hicieron –el 53% dice que no tuvo tiempo y el 24,7%, que no pudo costeárselo–. Entre los que tienende 30 a 44 años, el porcentaje se eleva hasta el 30,7%, mientras que solo un 5,5% de los mayores de 64 habrían querido hacerlo.

http://www.20minutos.es/noticia/3044382/0/hogares-personas-dependientes-no-pueden-permitirse-pagar-cuidados-domicilio-ine/

PRESIDENTA DE HONOS DE AMICU, Associació de Minusvàlids I Cuidadors.

NUESTRO OBJETIVO, QUE SE QUEDE EN LA RESIDENCIA DE “ELS CAMILS”, a la que se ha adaptado hace muy poco tiempo. Por favor no la trasladen!!

Por si alguien no se ha enterado todavía, a nuestra querida amiga, Montse Roca, quieren darle el alta del Hospital Residencia Els Camils. Montse ya se ha adaptado a vivir allí y su trabajo le ha costado, cuando ahora deciden darle el alta.

No entendemos ésta decisión y se nos ha explicado que no cumple con el requisito de la edad. En efecto Montse es menor de 65 años, con una enfermedad RARA, llamada de MACHADO JOSEPH, y se encuentra en una situación que para comer, tiene que hacerlo a través de sonda, no camina, no puede teclear en un ordenador, apenas puede hablar, le cuesta mucho trabajo desplazarse en su silla de ruedas eléctrica, pero parece que la Administración no quiere que continúe en la Residencia de Els Camils., a pesar de ser la más cercana a su residencia, en Cubelles. Pero su cabeza está perfecta y sufre mucho por ésta nueva situación que se ha presentado.

Agradecemos a todas las personas que están trabajando para que Montse se quede en la Residencia de Els Camils, y, si no es posible, sea trasladada a un nuevo Centro Residencial, donde puedan darle todos los cuidados que necesita 24 horas al día. Esperemos que algún día entiendan que las personas tienen sentimientos, que les cuesta mucho adaptarse a una nueva vida y que no se debe jugar con ellos, porque, ante todo, son personas y, en el caso que nos ocupa, UNA GRAN PERSONA.

Donde no debe volver, bajo ningún supuesto es a su casa, porque allí su hija, cuidadora no profesional, no puede darle los cuidados que necesita.

Y, lo peor de todo es que HA PERDIDO SU SONRISA Y ESTA TRISTE Y LLORA.

Las entidades confían en que la futura norma para la igualdad de trato frene los abusos de locales y hoteles

Señalan que los agravios al amparo del derecho de admisión se repiten “muy a menudo”

Barcelona 29 04 2017 Sesion de discoteca en Luz de Gas para discapacitados intelectuales La foto esta autorizada por la fundacion Ludalia que alquila el espacio y por el padre de Marina Hay sesion todos los domingos En la foto Joan y Marina amigos desde hace 17 anos en la pista de baile de Luz de Gas FOTOGRAFIA DE JOAN CORTADELLAS

Palabras humillantes, miradas de lástima o de desprecio, vetos para entrar en locales de ocio y hoteles, silicona en la cerradura de la puerta de su casa para impedir la entrada o algo tan hiriente como que en el vagón de un trenecito nadie tome asiento porque hay un grupo de chavales con discapacidad intelectual. Estos ejemplos son solo la punta del iceberg de situaciones que constata la Federació Catalana de la Discapacitat Intel·lectual (Dincat), que agrupa a 300 entidades sociales, y de todas ellas es difícil encontrar una que no explique un largo memorial de agravios. Las principales quejas se producen en hostelería y ocio.

La federación confía que el proyecto de ley para la igualdad de trato y no discriminación clarifique el denominado derecho de admisión y ponga firmes a los sectores del ocio y la restauración para evitar casos como los ocurridos recientemente en un pub de Lleida y un hotel de Vinaròs (Castellón) que vetaron a personas con síndrome de Down. Y va un paso más allá: que se impongan sanciones ejemplarizantes para los que discriminan. El proyecto, aprobado a finales del año pasado por la Cámara catalana, está en fase de tramitación parlamentaria. Sonia Fabra, letrada de la federación, es crítica con el derecho de admisión porque “hay que controlarlo de manera que no dé lugar a abusos”. Recuerda que si se limita el acceso se tiene que explicar con claridad para que lo entienda un colectivo con dificultades cognitivas.

POCAS DENUNCIAS

El derecho de admisión es una de las argucias que se utilizan para impedir la entrada en los locales de diversión a los más vulnerables. “Y más ahora que al haber más turismo ya no nos necesitan porque tienen todo lleno”, apunta Rosa Cadenas, presidenta de Dincat. Ella también ha comprobado estos abusos en un local de Salou donde le permitieron entrar, pero no así a sus acompañantes con discapacidad intelectual. Es una realidad que se repite “muy a menudo, la discriminación es habitual, no son hechos aislados”, asegura Cadenas. El problema radica en que son actitudes tan sutiles que casi nunca pueden convertirse en denuncias porque faltan pruebas. Aun así cada año llegan a Dincat una veintena de quejas. Las denuncias no prosperan porque cómo probar que un bar obliga a consumir a un grupo de discapacitados y no al resto de clientes o que un hotel aumenta el precio de las habitaciones para este colectivo.

Juana Ibáñez, subdirectora general de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Generalitat, señala que “llegan pocas denuncias”. Desde el 2013 tan solo se han presentado 29, dos de ellas este año. Para Ibáñez es difícil probar los hechos discriminatorios. Por eso, aconseja que cada vez que se produzca uno se requiera la presencia de los Mossos d’Esquadra o de la Guardia Urbana para que levanten acta. La última sanción se impuso en el 2012.

Meritxell Alòs, gerente de la fundación privada Autisme Guru, también se ha topado con desplantes sin sentido, aunque los explica así: “Son por el desconocimiento y el miedo que tiene la sociedad hacia el que es diferente”. Alòs explica el caso de dos bares en los que los propietarios les pidieron que no fueran más porque molestaban a los clientes. O hechos más graves como poner silicona en la puerta de entrada a un taller ocupacional. Aunque quienes las reciben a menudo no se den cuenta, “las miradas dañan. Son miradas a veces de pena y otras de miedo, de susto”. Y prosigue: “Los agravios van en contra de nuestro trabajo porque lo que queremos es integrarlos”.

DOCUMENTAL

En esta misma dirección trabaja Efren Carbonell, director de Aspasim, entidad que cuida a discapacitados graves. La organización tiene 10 espacios adaptados en edificios de vecinos con capacidad para 70 plazas. La convivencia no siempre ha sido fácil. Aunque finalmente han sido aceptados, ha habido inicios duros. Carbonell explica que en un caso llegaron hasta el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya por los problemas vecinales y no fueron más allá porque la titular del piso falleció. El expediente, de un palmo de grosor, reúne toda la peripecia judicial en la que no faltó silicona en la puerta para no dejarles entrar en el edificio e “incluso frases como que si vivían ahí, el edificio perdía valor”, añade el presidente. La odisea es una de las tres historias del largometraje ‘Fum, Fum, Fum’, producido por Toni Salgot.

La normalización, que no la inclusión, es el eje sobre el cual gira el trabajo de otra fundación: Ludàlia, una de las entidades que organiza actividades lúdicas para el colectivo. Hay otras que reivindican la inclusión, como Dj Josepe. Todos los domingos, de 17.00 a las 20.30 horas, Ludàlia alquila en Luz de Gas una sala para organizar una sesión de baile a la que asisten normalmente un centenar de personas. La directora, Consol Ferrer, asegura que estas sesiones son normalizadoras porque: “Si yo quiero ligar o hacer amigos tengo que ir a mi entorno”. Pero pese a que pretenden que accedan otros colectivos “la verdad es que nunca ha venido nadie sin discapacidad”, sentencia.

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/los-discapacitados-exigen-una-ley-con-sanciones-claras-severas-para-discriminacion-6007957

Los compañeros de CST con los que compartimos toda la mañana de Sant Jordi.

Estuvimos hasta las 14’30 horas que ya habíamos vendido todas las rosas y comenzamos a desmontar la parada.

Agradecer a mis compañeros, Juan Navarro, Juan Carlos Tamayo, Mammen Monfort, Carles Pascual, Nativitat Granell, Montse Pascual, Rosa Monserrate, Carmen Chaves y en especial a las dos Conchis, Conchi y Conchita, que estuvieron desde el principio, hasta el final y a todos los que se acercaron a nuestra parada a comprar la rosa. A todos ellos GRACIAS!!

Este año AMICU estará en el Carrer Colom, junto a la Plaça de Santa María.

Una rosa, un libro de regalo.

Os esperamos!!

El próximo día 27 de mayo de 2017, a las 8’30 horas en la Plaça del Mercat, nos vamos a Banyoles.

Inscripciones, todos los miércoles de 17’00 horas a 18’30 horas en el Centre Social de Cubelles. Día límite de inscripción, el miércoles 24 de mayo. Plazas limitadas. 50 plazas

Precio 30€. El precio incluye, viaje de ida y vuelta, paseo en barco y tour turístico en el Trenet de Banyoles.

Comeremos en el Restaurant “La Carpa de l’Estany”.

Desayuno; a las 11 horas, se puede llevar de casa. El Restaurante oferta bocadillo de jamón, más bebida, por 4’50 € (no incluido en el precio de la excursión).

Menú;
ENTRANTE; ENTREMES VARIADO CON EMBUTIDOS.

1.- PAELLA
2.- TERNERA CON BOLETS
BUTIFARRA CON JUDIAS DE SANT PAU
CODILLO DE IBERICO AL HORNO

(A elegir uno de los 3)

3.- POSTRES; HELADOS Y TARTA

Una sentencia obliga al Ayuntamiento de Donostia a pagar 6.781 euros a un ciudadano que se lesionó por el mal estado de la acera.

Un juzgado de San Sebastián obliga al Ayuntamiento a pagar 6.781,85 euros a un vecino por las lesiones que se produjo como consecuencia de tropezar en una acera en mal estado. El magistrado cita en su argumentación el punto dos del artículo 106 de la Constitución Española que garantiza que los ciudadanos “tendrá derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. La sentencia es firme y no cabe contra ella recurso alguno.

Los hechos ocurrieron el 31 de diciembre de 2014 en el cruce de las calles San Francisco y Segundo Ispizua del barrio de Gros. Un varón, que responde a las iniciales V.D.G., tropezó a las 9.15, horas tras superar el paso de cebra, debido al mal estado de la acera “donde existían varias piezas sueltas y desconchadas” conformando “un claro desnivel”. La sentencia, firmada por el magistrado titular del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de San Sebastián, Víctor Mora Gaspar, considera que los hechos se produjeron tal y como los relata el demandante porque “se han visto ratificados por la existencia de dos partes de asistencia médica” fechados en ese día, así como por el testimonio de una testigo quien “efectivamente vio al recurrente tropezar y caer”.

La resolución recuerda que el derecho a ser indemnizado por las lesiones producidas por un mal funcionamiento de los servicios públicos es “un principio constitucional” recogido en el artículo 106.2 de la Carta Magna y regulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, Procedimiento Administrativo y Responsabilidad Patrimonial. Esta norma, y la jurisprudencia en la materia, establecen unos requisitos para reconocer la responsabilidad de las Administraciones Públicas en la generación de lesiones: “La producción de un daño real, efectivo, evaluable económicamente e individualizado”; que “el daño sea producido como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”; y que exista “una relación de causalidad entre aquel daño y este funcionamiento, en cuanto a que sea causa directa, inmediata y exclusiva de él”.

Todo ello concurre en el caso, según estima la sentencia, y además la administración demandada “no ha probado las causas exoneradoras de su responsabilidad, a saber: fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o acción delictiva de un tercero en la producción del daño”.

La sentencia estima que, “acreditados los hechos en cuanto al daño y a la relación de causalidad, no cabe duda sobre la existencia de un supuesto de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento del servicio público y procede imputar a la Administración titular del mismo la responsabilidad por los daños sufridos”.

De la valoración de las lesiones y secuelas y, conforme al informe médico que obra en el expediente, la sentencia dictamina que el ciudadano debe percibir 2.227,04 euros por los 31 días de hospitalización (a razón de 71,84 euros por día), 3.446,19 euros “por los 59 días impeditivos”, 2.510,52 euros por los “cuatro puntos de secuelas funcionales”, y 598,10 euros por “un punto de secuela estética”. En total, 6.781,85 euros que el Ayuntamiento tendrá que pagar a este ciudadano, más los intereses. El demandante había reclamado una indemnización de 9.409,48 euros. La sentencia es firme y no impone el pago de costas.

http://www.elcomercio.es/sociedad/201704/17/constitucion-avala-usted-indemnizado-20170417124003.html

Esto es solo un resumen de las muchas actuaciones de AMICU en los 10 años que tiene de vida.

Habría que añadir las decenas y decenas de reuniones. Las ayudas alimentarias a personas en riesgo de exclusión, todavía vigente. Acompañamientos a médicos y especialistas. Los Talleres de Informática Básica, de Francés, de Inglés, Taller de Memoria etc, etc.