El estudio revela que las personas con discapacidad orgánica o mayores sin silla de ruedas son ignorados en las comunidades de propietarios.
MIKEL ORMAZABAL
San Sebastián 12 JUN 2019
La accesibilidad universal se topa con los vecinos.
La comunidad puede negarse a instalar el ascensor si los vecinos no pueden pagarlo.
Unas 100.000 personas con movilidad reducida nunca salen de casa en España por la falta de accesibilidad del inmueble en el que residen. De los 2,5 millones de personas con alguna dificultad para desplazarse, un 4% viven recluidos en sus casas y este porcentaje aumenta al 42% entre aquellos que pasan muchos días sin salir a la calle. La falta de adaptación de los edificios, unido a la escasez de ayudas para eliminar barreras arquitectónicas, les condena a vivir aislados en sus casas, según un estudio de la Fundación Mutua de Propietarios en colaboración con la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).
El informe Movilidad reducida y accesibilidad del edificio, dado hoy a conocer, revela que el 18% de los edificios habitados con personas con movilidad reducida no dispone de ascensor, lo que supone el mayor factor de aislamiento. Esta realidad se agrava con las dificultades que los encuestados declaran tener en el interior de sus viviendas, sobre todo entre la población de más edad.
El informe ha sido realizado tras encuestar a 2.001 personas entre el 2 y el 12 de abril pasados en municipios españoles de más de 20.000 habitantes. El 33% considera que si el inmueble en el que vive estuviera más adaptado a sus necesidades saldría con más frecuencia de casa, un porcentaje que se duplica en el caso del 18% de las personas con movilidad reducida que residen en edificios sin ascensor. Una accesibilidad inadecuada ha sido el motivo que ha llevado a un 22% de las personas a cambiar de domicilio.
El estudio revela que un 60% de los encuestados tiene problemas de movilidad sin ser usuarias de silla de ruedas porque utilizan algún tipo de sistema de apoyo, como muletas, bastón o andador o, simplemente, porque tienen una deambulación de forma inestable. Además, el 38% utiliza silla de ruedas manual o eléctrica.
En este sentido, los autores del estudio sostienen que si la persona es usuaria de silla de ruedas, la necesidad de accesibilidad se detecta de manera clara, mientras que las personas con discapacidad orgánica o mayores sin silla, que no pueden bajar las escaleras, son ignorados en las comunidades de propietarios al no detectar esta necesidad.
La normativa vigente atribuye a las comunidades de propietarios la responsabilidad de garantizar la accesibilidad en el edificio. En este punto, el estudio detecta que las comunidades con mayor número de vecinos son los que, en menor medida, han realizado acciones en favor de la accesibilidad. «Solo un 12% de los edificios han recibido alguna ayuda para mejorar su accesibilidad. El 28% de las personas han pedido a la comunidad de propietarios alguna adaptación, y en la mitad de los casos ha sido atendida su petición.
«En ocasiones, el hogar se convierte en una cárcel para las personas con movilidad reducida dada la dificultad para poder entrar o salir, encontrándonos con personas que se encuentran prisioneras en su propia casa por la falta de accesibilidad en su propio edificio», afirma la directora de la Fundación Mutua de Propietarios, Laura López.
Por su parte, el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, hace hincapié en que «es imprescindible que las personas con discapacidad seamos autónomas para que podamos participar en igualdad de condiciones y ejercer nuestro derecho a la educación, al empleo o al ocio».
Ambas organizaciones reclaman al Gobierno la creación de un Fondo Estatal por la Accesibilidad Universal, haciendo hincapié en que «es imprescindible» que se establezcan ayudas específicas para todas las comunidades vecinales que deban afrontar obras de accesibilidad para garantizar el derecho a una vida independiente.
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ha dado recientemente un tirón de orejas a España por incumplir sus promesas en materia de accesibilidad. A este organismo internacional le “preocupa” que “solo se puede acceder al 0,6% de los edificios en el Estado”, pese a que el Gobierno se comprometió, mediante un Real Decreto de 2013, a alcanzar la accesibilidad universal para fines de 2017. De un censo de 10 millones de edificios, 1,2 millones no tienen ascensor y un 60% tiene obstáculos, asegura José Manuel Rodríguez, de la Federación Empresarial Española de Ascensores (FEEDA). Daniel Aníbal García, secretario de Organización de COCEMFE, sostiene que la accesibilidad en España es “un derecho de segunda”. A su juicio, el informe Movilidad reducida y accesibilidad del edificiorefleja una realidad “muy dura”. “Las obras para garantizar la accesibilidad deben ser obligatorias, como sucede con la seguridad, cimentación o estanqueidad de los edificios”, opina Óscar Moral, asesor jurídico del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Moral añade que se han producido «avances notables» en la regulación sobre accesibilidad, puesto que de ser obligatorio cuando lo decidía 3/5 de la comunidad, se pasó a serlo cuando había una mayoría, y después se puso el límite de las seis mensualidades, ampliadas ahora a 12 mensualidades de los gastos de la comunidad. Pero agrega: «Cuando viva alguien con una discapacidad o una persona mayor de 70 años, el derecho a instalar un ascensor debe ser obligatorio».
La ONU, en su informe de mayo pasado, concluye que “las medidas adoptadas [por España] para garantizar la accesibilidad universal, en particular para los edificios privados, han sido insuficientes o ineficaces”. Y le recomienda que adopte “políticas eficaces” y aumente las “asignaciones presupuestarias”.
El citado estudio señala que el 22% de los afectados por problemas de adaptabilidad ha tenido que cambiar de domicilio, y el 57% declara que no puede salir a la calle sin ayuda de terceros. Para COCEMFE, afirma García, un dato “muy revelador” del estudio —se entrevistó a 2.001 personas en abril pasado en municipios de más de 20.000 habitantes— es que un 60% de los encuestados dice “sentirse mal consigo mismo”: “Son personas, sobre todo las mujeres, que ven afectados su bienestar emocional y autoestima”, declara.
Laura López, de la Fundación Mutua de Propietarios, indica que solo son plenamente accesibles el 0,6% de los edicios de España, un porcentaje inferior al de Alemania (el 1,5%) y Suecia (el 2,5%). «Esto es un reto a nivel europeo. Se han dado mejoras, pero aún hay camino por recorrer. Pedimos más ayudas e incentivos para obras de accesibilidad, nuevas fórmulas para mitigar esta problemática».
https://elpais.com/sociedad/2019/06/12/actualidad/1560334356_594699.html?id_externo_rsoc=FB_CC&fbclid=IwAR2uy-6PsTggxu3wL3Ebcd9eRtpLEnLXM12i51RcinzdQHRcvew7CiftEe4
