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Las plazas reservadas a Personas con Movilidad Reducida son ocupadas de manera fraudulenta sistemáticamente pese a la gran labor de concienciación tanto legal como ciudadana.

Poneos en situación: estáis buscando aparcamiento y las únicas plazas libres que encontráis son las reservadas para personas con movilidad reducida (P.M.R).

Antes de tener la lesión medular yo también tenía la sensación de que abundaban y de que la mayoría de las veces estaban vacías… ¡nada más lejos de la realidad! Es cierto que a veces en la desesperación de encontrar aparcamiento pudiera parecer lo contrario, pero os aseguro que no es así, que hay muchas menos plazas de las que debería haber, por no hablar de su ubicación que en muchas ocasiones imposibilita hacer uso de ella.

Según el Real Decreto 1056/2014 de 12 de diciembre, “los principales centros de actividad de los núcleos urbanos deberán disponer de un mínimo de una plaza de aparcamiento reservada y diseñada para su uso por personas titulares de la tarjeta de estacionamiento por cada cuarenta plazas o fracción, independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo”. Creedme, aunque vuestros ojos os digan lo contrario cuando estéis inmersos en la búsqueda de aparcamiento…no es mucho.
Si a esto le sumas que en muchas ocasiones estas plazas son ocupadas por personas sin la tarjeta reglamentaria…olvídate de aparcar, por lo menos cerca de tu destino o acceso.

SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente y tras una labor tanto legal como ciudadana de concienciación sobre la buena utilización de estas plazas, seguimos viendo cómo en muchas ocasiones nos encontramos con que estas siguen estando ocupadas de manera fraudulenta. Esta situación genera que las personas que sí disponen de la tarjeta reglamentaria y tienen, por ello, derecho a hacer uso de estas plazas tengan problemas para estacionar en condiciones de accesibilidad y comodidad necesaria.

Asociaciones y colectivos han actuado para intentar concienciar sobre este tipo de comportamiento con diferentes campañas, pero como he comentado, seguimos sin dar con la solución. Una solución que es tan sencilla como respetar a la otra persona como a una misma.

Pero no, este tipo de situaciones se siguen llevando a cabo con impunidad, primando el egoísmo ante el civismo, e incluso, la compasión, entendiendo a esta como un sentimiento humano, más intenso que la empatía, como la percepción y la compenetración en el sufrimiento de otra persona, y el deseo y la acción de reducir o eliminar por completo dicha situación.

¿QUÉ SUPONE OCUPAR DE MANERA FRAUDULENTA LAS PLAZAS RESERVADAS PARA P.M.R.?
Estas plazas son una necesidad y ocuparlas de manera fraudulenta, ya sea 5 minutos o 20, provoca que no podamos hacer uso de ellas y de este modo tengamos que buscar otra con las mismas condiciones, alejándonos del lugar de destino o acceso y provocando una mayor dificultad y esfuerzo a la hora de hacer cualquier actividad cotidiana.
Tras la ocupación de una plaza reservada por parte de una persona que no dispone de la tarjeta reglamentaria llegan las excusas de los infractores y en muchas ocasiones la falta de actuación por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya que hay situaciones en las que no realizan las denuncias pertinentes y con que quiten el vehículo les parece suficiente…y así hasta la próxima.

Todos conocemos la famosa frase “son sólo cinco minutos” …pero para una persona con movilidad reducida nunca son sólo cinco minutos
Esos son precisamente los minutos que puede costar a una persona sin movilidad reducida llegar al destino desde el punto más lejano del aparcamiento. No le supone gran esfuerzo, estaciona en una plaza reservada simplemente por comodidad, no por necesidad.

Que las plazas reservadas estén ubicadas en la zona más cercana al destino, acceso o paso de cebra tiene un porqué, por necesidad y por reducir el esfuerzo que nos supone la movilidad en nuestra situación.

En una ocasión llamé la atención a una persona que había estacionado su vehículo en una plaza reservada para P.M.R. simplemente para informarle de que esa plaza podía necesitarla una persona que sí tuviera reconocida oficialmente la condición de persona con discapacidad y, por ende, tuviera legalmente derecho a estacionar ahí. Su respuesta fue a gritos, acusándome de no ser nadie para advertirle de la infracción y sugiriéndome que llamara a la policía si tenía algún problema con esa situación. Lo mejor que podía hacer en ese momento era irme y es lo que hice.

Es cierto que no soy yo la persona indicada para advertirle de la situación, no debería ser la que se enfrente a una persona que ni respeta las plazas reservadas ni a los demás, pero tampoco puedo cerrar ojos y boca ante actos tan irrespetuosos.
Me parece surrealista que alguien pueda tener el coraje de enfrentarse a una persona sabiendo perfectamente que lo que está haciendo es ilegal y que no tiene ningún argumento sólido que justifique la infracción.

Este tipo de situaciones pueden darse si la persona infractora está cerca del vehículo, pero la mayoría de las veces nos encontramos únicamente el vehículo aparcado. Esto genera que si yo fuera a un destino concreto y viera que las plazas reservadas para P.M.R. están ocupadas, no podría permitirme bajar del vehículo para comprobar que tengan la tarjeta reglamentaria y, además, que sea legal. Pasaría de largo a buscar otro aparcamiento adecuado para mí que seguro estaría lejos y me supondría mayor esfuerzo y tiempo.

Una vez pudiera bajarme del vehículo y llegar al destino, allí tampoco podría permitirme comprobarlo, llamar a la policía, esperar a la grúa…no somos los legítimos usuarios los que tenemos que controlar que estas plazas estén correctamente ocupadas.
Y aunque realmente fueran sólo cinco minutos, como he dicho en ese tiempo ha podido pasar una persona de largo con su vehículo por ver la plaza ocupada sin saber que no tiene la tarjeta de estacionamiento reglamentaria y seguramente habrá tenido que aparcar lejos con lo que ello supone, en esfuerzo y tiempo.

En otra ocasión cuando fui a la plaza de aparcamiento del hospital encontré a un vehículo sin tarjeta estacionado en la plaza contigua a la mía, pero no sólo eso, había aparcado tan mal que no podía acceder a mi vehículo. Llamé a la policía y a la grúa, todo este proceso dura no menos de media hora, por eso en el tiempo de espera llegó el conductor de ese vehículo y me pidió disculpas alegando que llovía y que por eso aparcó en esa plaza, más cercana a la puerta del hospital. Lo que él no pensó es en la media hora que tuve que estar yo bajo la lluvia, únicamente para que él no se mojara.

Anécdotas hay miles y en ninguna hay justificación para ocupar estas plazas sin la tarjeta reglamentaria.

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA P.M.R.?
Hay algo tan importante como la promoción y defensa de la libertad y la igualdad para conseguir que sean reales y efectivas. Está el facilitar la participación de todas las personas en plenitud, la vida independiente y la accesibilidad universal, la igualdad de oportunidades y la inclusión. Cualquier persona que no lo cumpla, aunque sea sólo por cinco minutos, está provocando en otra mucho más de lo que a primera vista pudiera parecer.
Están limitando la vida de otras personas, seguramente sin conocer el problema real que generan. Muchas veces estas situaciones se dan por desconocimiento y, aunque posiblemente no sea mi deber, no puedo resignarme a que la situación siga igual, quedarme impasible ante este tipo de actuaciones. Aquí nadie es más que nadie, no hay unos derechos para unos y otros para otros. Debemos empezar por el respeto mutuo.

Tener esta tarjeta no es ningún chollo, yo querría no tener que aparcar ahí, sino en la punta más lejana del aparcamiento. Ojalá tardar 5, 10, 20 minutos en llegar a la puerta de acceso, ojalá.
Conozco personas en mi misma situación que deciden no llamar la atención a quien estaciona sin tarjeta. Lo entiendo. No tenemos por qué enfrentarnos a ellos, no sabemos cómo es esa persona ni cómo puede llegar a reaccionar, pero yo no puedo hacer como que no lo he visto.

Seré una pesada, pero, la verdad, no tengo ninguna intención de dejar de serlo.

Ignacio Calderón Almendros

Sin derechos humanos

En junio de 2018 se hizo público un informe del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU sobre el Sistema Educativo del Estado Español, motivado por la denuncia de la Asociación SOLCOM. El informe no deja indiferente a nadie. Unos meses antes, en Febrero del mismo año, se llevó a cabo un workshop en la Universidad de Málaga con personas venidas de todas las partes de España. El encuentro se enmarca en la investigación “Narrativas emergentes sobre la escuela inclusiva desde el modelo social de la discapacidad. Resistencia, resiliencia y cambio social”, dirigida junto a la profesora Mª Teresa Rascón en la Universidad de Málaga. La investigación pretende rescatar historias de activismo de familias y profesionales que están luchando decididamente por hacer de la escuela un lugar en el que toda la infancia encuentre el reconocimiento a través de la presencia, la participación, el aprendizaje y el éxito en las etapas pre y obligatorias. Ambos, el informe del comité y las declaraciones de familiares y activistas en el Workshop evidencian e ilustran una violación sistemática del derecho a la educación de muchos niños y niñas por razón de discapacidad.

En febrero de este año nos reunimos en la Universidad de Málaga (España) un centenar de personas (alumnado, familiares y profesionales activistas comprometidos con la inclusión) para desarrollar un workshop en el que explorar nuevas miradas a la orientación escolar, para la infancia y contra la segregación. En este encuentro se produjo un diálogo igualitario tremendamente intenso sobre lo que ocurre en muchas escuelas. Se habló de inclusión como un genuino y ambicioso proyecto social y educativo: el de educarnos juntos. No se buscaron palabras políticamente correctas: lo que pasa en la mayoría de nuestras escuelas es exclusión institucionalizada. Un conjunto de 23 testimonios como el siguiente presidió el encuentro, reflejando una realidad oculta que recorre el paso de muchos niños y niñas en las escuelas:

Siempre creí que una etiqueta, que es lo que le ponen a nuestros hijos, era para ayudarlos a avanzar el máximo, pero ahora he descubierto que no. Que la etiqueta es para estancarlos y apartarlos. Esa es mi experiencia. Si no hay lucha diaria y continua por parte de los padres, nuestros hijos están condenados a terminar en Educación Especial. (M. Carmen, madre de Clara, estudiante de Secundaria Obligatoria)

Hay diferentes modalidades de escolarización en el sistema educativo español: en escuela ordinaria, en aula específica dentro de las escuelas ordinarias o en escuela especial. No solo tenemos todavía escuelas especiales, sino que incluso se siguen construyendo nuevas. Estas modalidades de escolarización segregadas se sustentan en informes psicopedagógicos realizados por los profesionales de la orientación escolar. Siguiéndolos, la administración educativa obliga a asumir si el alumnado podrá estar o no en el aula ordinaria. La mera inercia de las escuelas conduce a muchos niños y niñas a una segregación sin remedio. Por tanto, las evaluaciones psicopedagógicas están siendo usadas para preparar informes que sentencian a los estudiantes. A principios de la pasada década mi hermano Rafael experimentó este proceso. Comprobar esta violencia institucional dio inicio a mi interés por conectar el trabajo académico con el activismo por los derechos humanos. Con mi hermano identificamos el uso de estrategias segregadoras soterradas que, respaldadas por la legitimidad de la institución y sus profesionales, son difícilmente combatibles. Las describimos detalladamente, así como nuestras acciones para resistir en el libro Educación, hándicap e inclusión (Octaedro, 2012).

Obviamente, la tradición y la cultura institucional no encuentran lógica a que determinados niños y niñas puedan estar escolarizados junto al resto. Y aunque España ratificó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) (UN, 2016), esto no ha cambiado. Como resultado, algunas familias decidieron plantar cara a la segregación e iniciar acciones legales. Los casos de Rubén y Daniel son ejemplos representativos de ello. Ambos fueron obligados a escolarizarse en un centro de Educación Especial, a pesar de la oposición de sus familias. La administración educativa impidió sus matrículas en los años sucesivos en centros ordinarios, por lo que estuvieron desescolarizados (atendidos en casa), siendo sus padres acusados por la Fiscalía de abandono de familia. Tras años de juicios, al recurrir al Tribunal Constitucional, las demandas de los padres para defender el derecho a la educación inclusiva fueron desestimada y negada respectivamente.

Todo esto se hace en nombre del supuesto bien del menor. Con el argumento de que en el centro ordinario no hay suficientes recursos, o que necesita un tratamiento individualizado para ser bien atendido, se justifica el inicio más explícito y descarado del proceso de exclusión por razón de discapacidad en las escuelas. Con sustento en el modelo médico de la discapacidad, que la atribuye al cuerpo maltrecho del niño o de la niña, las administraciones educativas generan un proceso burocrático amparado en “la ciencia” (a pesar de haber sido tan contestado desde el modelo social) por lo que se reviste de neutralidad y se convierte en incontestable. Cuestionar estos procesos, ejecutados por profesionales cualificados que aplican pruebas objetivas y tests se entiende como ir contra la realidad, por lo que la inmensa mayoría de las familias solo se encuentran en condiciones de resignarse y acatar lo que las escuelas expresan con tanta rotundidad: la normativa y buena parte de los equipos directivos de centros, de los claustros, de las familias, de los profesionales de la educación especial… Todo hace que este engranaje funcione, porque tradicionalmente ha sido así, y porque es difícil pensar en otras posibilidades mientras nuestros sistemas educativos compiten por escalar puestos en el ranking de PISA y las escuelas siguen asentadas en la meritocracia.

No es cierto que sea por el bien del menor, no nos engañemos. Hace décadas que disponemos de abundante literatura científica que explica sólidamente la discapacidad como fenómeno social. También está comprobado, por ejemplo, que construir la identidad dentro de esa categoría social implica una devaluación irreversible, porque conlleva un proceso de exclusión social que afecta a la identidad y la inteligencia; o que educarnos juntos es algo positivo para todo el alumnado y no solo para el alumnado nombrado por la discapacidad.

Todo esto se manifestó con claridad en las discusiones de la citada jornada de trabajo, así como el coste que implica. Las experiencias de los asistentes y sus conversaciones (que fueron transmitidas en streaming) tuvieron su eco en la red: no es común que un debate sobre educación –menos aún uno de estas características tan poco complacientes– llegara a ser Trending Topic en Twitter España. Es evidente que el dolor que contaban esas madres no era anecdótico, sino un sentir muy extendido.

Esto mismo es lo que ha venido a respaldar el contundente informe que ha publicado en 2018 el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU tras realizar una investigación al Sistema Educativo del Estado Español, motivada por una denuncia de la Asociación SOLCOM, una organización crítica, comprometida e independiente. En la base de esta denuncia está la consideración de que un colectivo importante dentro de las escuelas sigue siendo objeto de un tratamiento tremendamente injusto y discriminatorio; algo que no es anecdótico, sino que forma parte del ADN de la institución.

Esto es bien conocido por quienes nos relacionamos profesional o familiarmente con las personas que viven bajo el estigma de ser etiquetados con “Necesidades Educativas Especiales” o “Necesidades Específicas de Apoyo Educativo”, pero la denuncia ha sido una iniciativa inédita hasta este momento. En esta línea, el informe del Comité es taxativo:

El Comité considera que la información disponible revela violaciones al derecho a la educación inclusiva y de calidad principalmente vinculadas a la perpetuación, pese a las reformas desarrolladas, de las características de un sistema educativo que continua excluyendo de la educación general, particularmente a personas con discapacidad intelectual o psicosocial y discapacidades múltiples, con base en una evaluación anclada en un modelo médico de la discapacidad y que resulta en la segregación educativa y en la denegación de los ajustes razonables necesarios para la inclusión sin discriminación en el sistema educativo general.

Se trata de violaciones graves y sistemáticas del derecho a la educación (un Derecho Humano fundamental), que tras la ratificación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (UN, 2006) equivale al derecho a la educación inclusiva. La Convención nace como instrumento con el que hacer efectivos los Derechos Humanos para esas personas que habían sido excluidas de la humanidad. Sí, de la humanidad. Cómo si no podría explicarse que a determinados niños y niñas se les obligue a salir de sus entornos de pertenencia, se les desarraigue del vecindario e incluso de sus hermanos y hermanas, y se les obligue a estar escolarizados en centros únicamente para quienes han sido nombrados por la discapacidad. Esto, y que la comunidad casi al completo lo vea como algo lógico. La Convención pretende arreglar esta intolerable concepción: que los derechos humanos solo son considerados para unas personas y no para otras. El artículo 24 consagra que el derecho a la educación es el derecho a la educación inclusiva. Con ello, los Estados partes se comprometieron a “respetar, proteger y garantizar la educación inclusiva y de calidad para todas las personas sin distinción”. Sin embargo, esto no se produce. No nos engañemos.

Eso es lo que denunciaban aquellas madres en la Universidad de Málaga. También aquellos profesionales y estudiantes comprometidos con hacer de las escuelas lugares para la construcción democrática. Algunas de esas personas contaban que eran vistas como locas por la institución, lo cual es comprensible: no seguían la lógica de la institución, aunque lo que defendían tenía mucho sentido antes y ahora: que un niño tenga autismo o síndrome de Down, de Williams o de Ángelman, por ejemplo, no puede ser motivo para ser segregado. Si la discapacidad es un fenómeno social, ¿cómo puede ser que las evaluaciones educativas se conviertan en pruebas individuales que encierran el problema en el cuerpo de mi hijo o mi hija? ¿Cómo algo social y cultural se convierte en individual y biológico?

Lo más interesante es que ese poder normativo que tienen las administraciones y que ejercen de modo despiadado ante el dolor de tantas y tantas familias ha quedado tremendamente devaluado tras el informe del Comité de la ONU. Ahora han sido respaldadas por la ONU quienes eran tachadas de “madres locas” por querer lo imposible o “ciegas por el amor de madre” al no ver la discapacidad de sus hijos en los términos biológicos en los que aún siguen instaladas tantas escuelas. Ya no lo dicen unas madres, sino el Órgano Internacional legítimo para interpretar la Convención. Y esto es inapelable: las evaluaciones psicopedagógicas siguen siendo de tipo clínico, lo cual solo tiene sentido clasificatorio. Los dictámenes de escolarización, que se basan en estas prácticas, perpetúan la discriminación de todo el colectivo. Las medidas de adaptación curricular individuales condenan a la no titulación y evitan la transformación del sistema. Y es precisamente esto, la transformación del sistema, lo que implica ese proyecto social que nació con el nombre de educación inclusiva. No valen arreglos cosméticos, sino una revisión profunda del sistema escolar para conquistarlo como espacio para la participación democrática.

El Comité ha hablado y lo ha hecho de forma muy explícita: en España se vulneran los derechos humanos de buena parte de la infancia dentro de las escuelas. Esto es inadmisible en cualquier caso, pero especialmente cuando esta violencia la ejercen instituciones que han de proteger a la infancia. Quizá lo más perturbador sea lo que aún no ha dicho la ONU. Durante los últimos meses, y gracias al Programa para la promoción de la Educación Inclusiva en las Américas, hemos tenido la oportunidad de comprobar in situ gracias a los testimonios de jóvenes, familias y profesionales esta misma realidad en Uruguay, Chile, Paraguay y México. La catarata de preguntas entonces es irremediable: ¿Cuántos de los países que ratificaron la Convención están ejerciendo una violación grave y sistemática de los derechos humanos en las escuelas? ¿Qué papel estamos jugando los académicos y los profesionales en el mantenimiento de este estado ilegal y éticamente despreciable? ¿Qué vamos a hacer para que se respeten los derechos humanos de una vez por todas?

El informe del Comité en España ha sido taxativo y no admite ambigüedades. Hemos de obligar a nuestros representantes políticos a adecuar la legislación, a la vez que tenemos la obligación moral de transformar las culturas y prácticas escolares. Ya no es posible mirar para otro lado: o respetamos los derechos humanos o seguimos una tradición y una normativa que atenta contra ellos. Una madre cerró aquel encuentro en Málaga con una pregunta incómoda y movilizadora: “Y tú, ¿qué vas a hacer a partir de mañana?” Esa pregunta humilde de una madre llega hoy con su permiso a este foro internacional para dirigirse a Estados, políticos, profesionales, académicos y ciudadanía en general:

Ustedes, ¿qué van a hacer a partir de mañana?
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Este artículo ha sido publicado en inglés bajo el título Deprived of human rights en la revista Disability & Society, 33(10).

Quiero agradecer a SOLCOM y a todas las personas que han colaborado para que este informe haya visto la luz, especialmente a aquellas familias que han luchado para resistir y transformar el sistema escolar. Todo el sufrimiento experimentado y el trabajo llevado a cabo constituyen hoy un pilar sobre el que defender los derechos de miles de niños y niñas.

http://www.ignaciocalderon.uma.es/index.php/sin-derechos-humanos/?fbclid=IwAR0dspSXq_OdNyEbcJ2H1i7vuSqWT5HacHWFXAWLWgXbx603euuvClNfv7I

Oscar Martínez

Professor de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull) i consultor de la Universitat Oberta de Catalunya. Ha treballat durant 18 anys com a educador social a TEB d’Habitatge. Doctor en Educació per la Universitat de Barcelona, Educador Social, Psicopedagog i Màster en Societat de la Informació i el Coneixement. Coautor del llibre ‘Alterando la discapacidad’ i ‘Acció Social 2.0. Per crear, compartir i reinventar’.

El meu veí Antonio explica com ha estat durant dos anys denunciant que als voltants de casa seva hi ha constantment cotxes sobre la vorera. La plataforma única que van dissenyar va generar molta facilitat perquè els cotxes aparquessin constantment a l’espai dels vianants.

L’Antonio pràcticament no hi veu i una situació d’aquest tipus li suposa una greu vulneració del seu dret a poder entrar i sortir de casa seva amb seguretat. No hauria de passar que una administració trigués dos anys a donar resposta a una situació similar. Amb molta resignació admet que s’ha millorat una mica l’espai des de fa unes setmanes, però continua sense solucionar-se completament.

Al costat de la Diagonal de Barcelona, hi ha un bar restaurant que de forma permanent té una terrassa contra la façana de l’edifici i a sobre de l’encarrilament dissenyat a l’espai públic per guiar a les persones cegues. En concret, a més de les taules i cadires, és molt habitual que tinguin una estufa de dos metres d’alçada ideal per estampar-se amb ella. Malgrat les denúncies de veïnes cada dia posa en perill les persones cegues o amb baixa visió.

Els carrers de les nostres ciutats s’han convertit en l’espai idoni per inventar-se qualsevol forma per fer negoci a costa de limitar que les persones puguin fer-ne ús de la manera més segura possible. Terrasses mal ubicades, grans testos de plantes de decoració, vehicles a la vorera, cartells amb ofertes, motocicletes i, per suposat, les bicicletes Mobike i qualsevol forma de vehicle sense ancoratge, formen part d’algunes de les possibilitats per complicar-li la vida a les veïnes i veïns i en especial a les persones amb mobilitat reduïda o persones cegues i amb baixa visió.

Donat que durant tantes dècades no ha estat possible que les motocicletes estiguin aparcades en espais segurs per totes les persones, els ajuntaments han d’invertir en la retirada d’aquestes de les voreres. Donar més espais a la calçada aconseguiria que poguéssim aplicar aquesta norma sense excepció, perquè no hi hagi dubte.

Ja va sent hora que deixem de pensar sobre aquestes qüestions com un favor i pensem que és un dret fonamental. Les ciutats han de ser responsables vers totes les seves veïnes i veïns i mirar d’invertir en la protecció de les persones que per la seva manera de funcionar puguin ser més vulnerables a un incivisme que és tant o més greu com el fet de permetre’l cada dia de la vida d’aquests ciutadans.

L’accessibilitat és un dret bàsic i fonamental i és per això que ni és negociable ni és possible que un espai sigui “una mica accessible”. Fa massa anys que estem reivindicant aquest dret fonamental i reconegut per convencions, marcs estatals, catalans i també municipals per haver-los de rebaixar.

La discapacitat existeix en funció de les situacions discapacitants que les administracions permetin a les ciutats.

https://www.social.cat/opinio/9640/laccessibilitat-no-es-negociable-carrers-lliures-dobstacles

Campanya Sí a l’accessibilitat

La oficina que atiende estas reclamaciones abrió 751 expedientes en 2017, una cifra que la ministra de Sanidad considera aún “insuficiente”.

Un joven pasea en silla de ruedas con su compañera. GETTY IMAGES

Cada vez más personas con discapacidad denuncian los obstáculos que afrontan en su día a día. El número de expedientes se ha multiplicado por 14 desde los 50 que se abrieron en 2005. Y las relaciones con la Administración son el blanco de la mayoría de la quejas. El 45% de ellas están relacionadas con la falta de conocimiento de los funcionarios sobre las posibilidades que deben ofrecer a este colectivo, la inaccesibilidad de los trámites en los servicios públicos, como pedir una cita previa o de las propias webs públicas, y la falta de adaptación de los documentos que deben presentar para realizarlos. En total, en 2017 la Oficina de Atención a la Discapacidad, el organismo que tramita estas quejas y vela por subsanarlas, tramitó 751 expedientes, un 11% más que en 2016, según los datos que ha presentando este miércoles el organismo. A pesar de ello, el Ministerio de Sanidad los considera “insuficientes para la realidad en la que vivimos”, según ha expresado la titular del departamento, María Luisa Carcedo.

La mayor parte de los expedientes, el 73,8%, se ha abierto en la Comunidad de Madrid. Aunque esperan que la Oficina llegue a todos los ciudadanos, porque “el volumen de quejas crece a un ritmo insatisfactorio”, según Carcedo, quien ha enfatizado en la necesidad de concienciar a toda la ciudadanía para “construir una sociedad inclusiva, que piense en los diferentes para facilitarles la vida”. Por ello, ha lanzado un llamamiento a toda la ciudadanía, para que denuncie la inaccesibilidad de los servicios públicos y del resto de espacios. La oficina tiene un correo electrónico para que cualquiera pueda exponer sus quejas: oiac@msssi.es.

“Encuentro muchas barreras físicas a diario, en la vida real y en el mundo online”, comenta José Ramón del Pino, presidente de la asociación de parapléjicos y personas con gran discapacidad física (Aspaym). Este lesionado medular tras sufrir un accidente de tráfico hace 21 años ha acudido en silla de ruedas a la presentacion del informe en el Ministerio de Sanidad, y sostiene que los trámites administrativos no están adaptados. “La cita previa con la Policía Nacional es un ejemplo”, comenta frustrado.

El director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, José Ángel Celada, ha anunciado el compromiso de formar mejor al personal funcionario y los servicios de la Administración con iniciativas como la que ya ha llevado a cabo con la Guardia Civil, dirigida a que los agentes conozcan las necesidades específicas de los discapacitados.

De los 751 expedientes, 357 fueron consultas. Una de las funciones de la Oficina es resolver las dudas que le llegan por carta, correo electrónico, WhatsApp y en persona. La mayoría de estas consultas también estuvieron relacionadas con la Administración. “Son recurrentes las solicitudes para aclarar cuáles son las exenciones fiscales a las que se pueden acoger estas personas o el resto de beneficios que comporta la posesión del certificado de discapacidad”, ha comentado Celada. También preocupan las condiciones de acceso para acceder a la función pública.

El resto, 391, fueron quejas de inaccesibilidad en diferentes ámbitos: telecomunicaciones, espacio público y transportes. Una vez se reciben, la propia oficina insta a los responsables a subsanar la incidencia y, además, hace un seguimiento del estado de la queja en el tiempo. El grueso son avisos de bares, teatros y cines que no son plenamente accesibles. También en la calle, donde la eclosión del patinete eléctrico en las ciudades ha supuesto una amenaza para los discapcitados. “Los dejan estacionados en cualquier lugar sobre las aceras y se han recibido quejas por ello”, ha asegurado Celada, quien ha añadido que la Oficina ha tramitado, además, tres denuncias, que suponen la imposición de una multa económica a la entidad que haya infringido el derecho de las personas con discapacidad a recibir un trato igualitario.

“La sordera es una enfermedad social”
Telmo Martínez, representante de la Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España, ha reprochado a la ministra Carcedo que la financiación para estos aparatos no se haya incluido en la última actualización del catálogo de los productos ortopédicos. Estos implantes transforman las señales acústicas en eléctricas para que las personas sordas recuperen gran parte de la audición.

Este gaditano de 54 años, quien tiene un hijo de 14 que los lleva, tuvo que recurrir a la sanidad privada para que se los implantaran.”Me costó 100.000 euros que mi hijo volviera a oir”, ha lamentado. “La sordera es una enfermedad social, porque la actitud de la gente cambia cuando habla contigo al ver que tienes dificultades para comunicarte”, ha incidido Isabel Fernández, quien lleva implantes cocleares y trabaja en la Oficina de Asistencia a la Discapacidad. La ministra ha asegurado que Sanidad trabaja en una orden específica para las prótesis auditivas.

https://elpais.com/sociedad/2019/01/30/actualidad/1548853338_495711.html?id_externo_rsoc=FB_CC&fbclid=IwAR0WXyq67E3LKRG-iUSlObCRPiYWxQX4VcFXwCnNxzZLYdbpsfPnG5zBMSg

Alba Ayala García. Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III.

No se ha estimado hasta ahora el número de personas mayores que viven confinadas en su hogar debido a problemas funcionales severos o de otra naturaleza. Se define persona confinada aquella que presenta un nivel de dificultad severo o total para andar o moverse fuera de su vivienda. En base a esta definición y utilizando o datos de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) del Instituto Nacional de Estadística (2008), se ha calculado el número de personas mayores (65 y más años) que se encontraban confinadas en su hogar en España. Los detalles de esta investigación acaban de ser publicados en la revista Medicina de Familia. Semergen.

En total, un 24,1% de los 2,1 millones de personas mayores con discapacidad, es decir, 517.458 personas de ambos sexos se pueden considerar confinadas en su hogar. De ese porcentaje, un 8,1% se estima que tienen una situación de confinamiento estricto (dificultad total para moverse fuera de casa) y el resto, 16,0%, es semi-confinado (dificultad severa para moverse fuera de casa aún con ayuda).

¿Qué características definen a las personas confinadas?

Estos “prisioneros” en su espacio reducen drásticamente sus relaciones sociales, no salen de casa y su marginación se acentúa al reducirse paulatinamente las visitas de amigos y familiares, quienes ya no pueden contar con ellos para la mayor parte de actividades. No disfrutan de las ventajas de vivir en sociedad. Son precisamente por todo ello bastante invisibles.

Las personas confinadas son mayoritariamente mujeres, presentan una mayor edad media y un bajo nivel de estudios; predominan las viudas. Estar en situación de confinamiento es un problema bastante común en la vida cotidiana de las personas con discapacidades severas en las actividades básicas de la vida diaria (dificultad para vestirse, lavarse, moverse dentro de la casa y comer). También destaca la gran dificultad ante las barreras del entorno, si es que salen de casa; como por ejemplo, coger un transporte público, cruzar la calle o subir aceras, el acceso al portal, las escaleras, o incluso al acceder al ascensor.

Ser confinado en el hogar se asocia a una peor salud autopercibida, con un mayor número de condiciones crónicas de salud y de discapacidades. Además demandan más atención domiciliaria, de cuidados médicos y de enfermería y reciben una mayor asistencia del personal hospitalario.

Sus características personales, sociales, de entorno, funcionales y de salud, indican situaciones de vulnerabilidad. Conocer una estimación de su volumen puede contribuir a una mayor visibilidad del problema del confinamiento y puede ayudar al diseño de planes de actuación social o planes de salud para estas personas.

Artículo original (Acceso restringido): Ayala A; Pujol R; Abellán A. “Prevalencia de personas mayores confinadas en su hogar en España”. Medicina de Familia: Semergen, 2018; 44(8):562-571.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1138359318303095

Por José Vicente García Torrijos *14 de diciembre de 2018

Dedicado aquellas personas que, por ignorancia, por maldad o por omisión y falta de empatía. NOS ROBAN LA DIGNIDAD!!

La dignidad existe, se ruede o se camine. En ocasiones se le llama respeto. Sería fácil de entender. Desgraciadamente, y aunque no se admita no siempre ocurre. Se siente, se vive a diario
Me gustó este texto de María Gómez-Caminero:

“La dignidad de la silla”

Sentarte después de haber caminado mejor o peor, pero erguida, no resulta nada fácil.
Pasar de andar a rodar es muy duro, y algunas nos resistimos hasta el final.
Y no es duro porque no sea más cómodo.
En absoluto. A muchas rodar nos permite ir a lugares que ni soñábamos antes.
Rodar nos da alas.
Y sin embargo se vuelve tortura por todas las barreras e inconvenientes que te encuentras día a día.
Incluso las miradas de los demás son más lastimeras cuando te ven rodar en vez de andar,
aunque cuando una sufre de verdad sea caminando.
Es como si la silla llevara incorporada un mecanismo que te roba la dignidad.
Se te niegan mil derechos al sentarte.
Ir por la calle se convierte en una carrera de obstáculos en la que constantemente tu vida peligra, y no es una exageración, desgraciadamente, ya son unos cuantos muertos que lo atestiguan.
Al sentarte, es imposible entrar a muchos lugares, públicos y privados.
Si consigues hacerlo, puede que tu destino sea una esquina “reservada”, ni siquiera puedes elegir el sitio en el que colocarte.
De mear y cagar, mejor ni hablamos.
Y si todo no es suficiente, al topar con la falta de conciencia y las respuestas crueles, la poca dignidad que te quedaba se desparrama ante el sinsentido de quienes se creen a salvo de estar ahí sentados.
Un poquito más de amor, por favor.

Hace algunas semanas leí en una red social este texto de María Gómez-Caminero, una escritora de pluma llana y fluida, poetisa de los sentimientos y del dolor, en quien las palabras llegan fraguadas del entorno en que viven las personas con movilidad reducida. A menudo tan arduo de entender por quienes no la sufren. Imagino que para ellos es difícil darse cuenta de que el futuro nunca está escrito.

Y me gustó por lo claro y directo que era, por expresar lo que siente, esas vivencias que se coleccionan en instantes de rabia contenida por quien tiene que pelearse la vida cada día, a veces literalmente, con las asperezas y desplantes de una sociedad en tantos momentos ingrata.

Me gustó, en suma, por tanto como expresa en un escrito tan corto. En ocasiones no hacen falta demasiadas palabras para contar una verdad.

Le agradezco de corazón que accediese a prestármelo y elaborar así este artículo escrito a dos manos.

Y es que sentarse en una silla de ruedas nunca es algo buscado, simplemente llega.

Es desolador cuando sucede de modo brusco y traumático, como cuando un accidente corta las alas de una libertad que casi siempre parece empezar en las piernas; otras viene de alguna de esas enfermedades raras y crueles que alientan el coraje de quienes las padecen, como la Artrogriposis Múltiple Congénita, de la que escribí aquí hace algún tiempo y que padece mi amigo Alejandro Serrano, de la que llega sin esperarlo, como la temible ELA, o a consecuencia de ese viejo mal que martiriza a secuelas nuevas, como es el caso de aquella infausta parálisis infantil, la polio.

Y tantas otras.

Sus realidades dictan que todos ellos tendrán que acabar asumiendo que sus posaderas, de un modo u otro y probablemente para el resto de sus días, vegetarán descansadas en el asiento acolchado de una silla de ruedas.

No es el fin del mundo; no tiene por qué ser la mayor de las tragedias (o sí), pero siempre es una verdadera putada.

Es duro que sea tu estigma desde el mismo nacimiento; también cuando ocurre de improviso, inesperadamente. Conocer que tu vida ya nunca será igual después de ese trágico accidente que ha partido en dos tu juventud. El dolor, la resignación…, las miradas…, que desde ese momento te acompañarán y que quedará para siempre en el ambiente que te va a rodear… Tu familia, tus amigos. Por eso desde aquí pido encarecidamente responsabilidad y cuidado.

Pero otras veces va revelándose poco a poco, siendo uno consciente de lo que le espera, como el reo que asume la lenta e inevitable cadena perpetua de su condena. Saber que ese castigo, que uno no entiende bien si pasaría por ser divino y el porqué, llegará después de haber atravesado el agrio trayecto de años de cirugías, rehabilitación y esfuerzo, esos en los que nos prometían corretear los barrios erguidos y que nunca se cumplió (otros nunca tuvieron oportunidad siquiera de gozar semejante privilegio).

Aquel ideal que una vez nos creímos, y que se frustró cuando la realidad nos obligó a agarrar la muleta o el bastón a una edad en la que deberíamos caminar a paso ágil la ruta del colesterol. ¡Cuánto se echa de menos aquel trotar renqueante!

Imposible detallar la cantidad de autoestima que se pierde en ese tránsito, sobre todo cuando comienzas a ser consciente del elevado peaje que todavía queda por pagar, el que separa la delgada línea entre caminar a golpeteos de báculo, con su dolor y su cansancio agotador, quemando las mínimas fuerzas que aún existen en estas piernas de trapo y el momento de rodar las calles, ya definitivamente.

Es una de esas decisiones que de verdad marcan la vida.

La dignidad existe, se ruede o se camine. En ocasiones se le llama respeto. Sería fácil de entender. Pero, desgraciadamente, y aunque no se reconozca, no siempre ocurre. Se siente, se vive a diario.

Es lo que desde hace ya un año trato de mostrar desde esta columna.

“Un poco más de amor, por favor”.

*Autor de Sueños de escayola.

https://www.esdiario.com/890121688/La-dignidad-de-la-silla.html?fbclid=IwAR0Bnpp_0UVxR5m5a9D1krAygX_I-LIJEuGxbN0oC_vg8n8uGoyCYBu2uWI

Solo el 0,6% de los edificios de viviendas que hay en España cumplen con los criterios de accesibilidad.

13 DIC 2018 16:25H MADRID

Fundación ONCE y el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) han elaborado una guía para ayudar a las comunidades de propietarios a ser más accesibles, ya que solo el 0,6% de los edificios de viviendas cumplen con la normativa en esta materia.

Titulada ‘¿Cómo gestionar la accesibilidad? Comunidades de Propietarios’, la guía cuenta con la colaboración de la Fundación Mutua de Propietarios y pretende acabar con el desconocimiento normativo de los derechos y obligaciones del vecindario, que es la causa, en ocasiones, de que las fincas no sean accesibles y usables para todas las personas.Ç

ACCESIBILIDAD

En primer lugar, el manual recuerda que según el Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, el 4 de diciembre de 2017 vencía el plazo para que todas las edificaciones (en su parte pública) permitieran el acceso y uso sin problemas de todas las personas.

Pese a ello, prosigue, únicamente el 0,6% de los 9,8 millones de edificios de viviendas que conforman el parque inmobiliario español “cumplen con los criterios técnicos en materia de accesibilidad establecidos en la normativa en vigor a día de hoy”.

Aunque la guía reconoce que el motivo fundamental del incumplimiento de las normas de accesibilidad en las comunidades de vecinos es económico, señala asimismo que “también es importante el desconocimiento normativo al respecto de obligaciones y derechos del vecindario”.

Desde esta perspectiva, el texto enumera primero los derechos de los propietarios y las obligaciones de las comunidades, para explicar después el modo de actuación que debe seguirse en caso de acometer mejoras de accesibilidad y a quién corresponden los gastos. En este punto, ofrece ejemplos referidos a los trámites que se deben seguir para instalar un ascensor con ocupación de la vía pública, cómo salvar un peldaño suelto o la forma actuar cuando el espacio de paso es insuficiente.

DERECHO FUNDAMENTAL

Y como paso previo a todas estas explicaciones, el manual recuerda que el hecho de que los edificios de comunidades de propietarios sean accesibles “constituye para las personas con discapacidad y las personas mayores una necesidad básica, basada en derechos humanos fundamentales tales como la libertad de desplazamiento o de comunicación o el de disfrutar de una vivienda digna”.

Para el presidente del CGATE, Alfredo Sanz Corma, “la accesibilidad es uno de los temas más sensibles de nuestra profesión y uno de los que más consultas recibe en los colegios profesionales. Con esta guía abordamos cuatro ideas clave: la concienciación de la necesidad de accesibilidad en la vivienda, aquellos supuestos en los que las comunidades de vecinos están obligadas por la normativa a gestionar estas obras, la recomendación de buscar técnicos cualificados y competentes para llevar a cabo estas obras y la certeza de que el mejor asesoramiento se encontrará en los colegios profesionales de Arquitectos Técnicos de cada provincia”.

Por su parte, Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, puso de manifiesto que “hay muchas personas para quienes sus viviendas se han convertido en cárceles puesto que no tienen libertad de movimientos, no pueden salir de ellas. Creo que esta publicación será una buena herramienta que permitirá revertir este tipo de situaciones en las que se ven involucradas miles de personas en toda España”.

https://www.servimedia.es/noticias/1099526?fbclid=IwAR1hEIjYoYpFDpwL7pv3VALaCX0KvuKPLa-ab9ILsH4COt-U86QzPdKm6g4