El Gobierno mejora las tarifas de los servicios ferroviarios a las personas con discapacidad

El Gobierno ha aprobado ampliar los colectivos que pueden disfrutar de los beneficios recogidos en la Tarjeta Dorada para los servicios ferroviarios prestados por Renfe que son competencia de la Administración General del Estado. De este modo, se incluye a los colectivos con discapacidades mayores o iguales al 33%, frente al 65% actual.

Según informó el Ministerio de Fomento, la medida amplía en más de un millón de personas los posibles beneficiarios de esta tarjeta y los beneficios que conlleva, desde descuentos en los billetes de hasta un 40%. El coste de la medida será asumido por la Administración General del Estado para los servicios de Cercanías y Media Distancia, dada su calificación de Obligación de Servicio Público, y por la propia Renfe para sus servicios AVE y Larga Distancia al tener estos la consideración de Servicios comerciales que operan en libre competencia con otros modos de transporte.

La entrada en vigor de estas nuevas condiciones se producirá el día 1 de abril de 2019 y toda la información estará disponible en la página web de Renfe. Estas medidas a favor de las personas con discapacidad que usan el ferrocarril para sus desplazamientos «han sido sugeridas y planteadas» por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) al Ministerio de Fomento, que finalmente las ha hecho suyas, adoptándolas oficialmente, según recoge el comunicado del Ministerio.

Las nuevas condiciones establecen que la Tarjeta Dorada podrá ser adquirida por personas mayores de 60 años; pensionistas mayores de 18 años de la Seguridad Social Española que estén en situación de incapacidad física o psíquica permanente total, absoluta o gran invalidez; pensionistas mayores de 18 años de las clases pasivas civiles y retirados militares que estén en situación de incapacidad permanente para el servicio o inutilidad; personas con una discapacidad igual o superior al 33%, y acompañantes de personas con una discapacidad igual o superior al 65% que tendrán las mismas condiciones económicas de viaje que el titular.

https://www.servimedia.es/noticias/1120412?fbclid=IwAR0jIsGl9mcT6nq4ld2qiQ_nN5jhwMXG19HsJuXbwQALH5zH1rRDFD-_dnk

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Disponible en España la primera terapia «eficaz» frente a las dos formas más frecuentes de esclerosis múltiple

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha autorizado la financiación de ocrelizumab.

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El nuevo fármaco para la esclerosis múltiple abre una ventana a futuros nuevos tratamientos – Valerio Merino

 

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha autorizado la financiación de ocrelizumab, registrado por Roche con el nombre de «Ocrevus», la primera terapia «eficaz» contra la esclerosis múltiple(EM) remitente-recurrente (EMRR) y secundaria progresiva con brotes (EMSP), así como en la primera progresiva (EMPP), las dos formas más frecuentes de la enfermedad, si bien la última representa el 10 por ciento de todos los casos y evoluciona rápidamente a incapacidad irreversible.

Así lo han anunciado este martes el director de Corporate Affairs de Roche España, Federico Plaza; el jefe de sección de Neurología del Hospital General Universitario de Alicante, Ángel Pérez Sempere; y el director del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona y director de la División de Neurología de Toronto (Canadá) y del BarLo MS Centre, Xavier Montalbán.

Todos ellos han destacado la importancia de esta aprobación, ya que, además de los beneficios que se ha demostrado que aporta a los pacientes con estos tipos de esclerosis múltiple, abre una ventana a futuros nuevos tratamientos. «Este tratamiento supone un paso de gigante porque ha generado conocimiento científico para nuevas vías de investigación», ha aseverado Plaza.

Es el primer fármaco modificador de la enfermedad que actúa selectivamente eliminando las células B CD20+, un tipo específico de células del sistema inmunológico que tienen un papel clave en la patogenia de la esclerosis múltiple y contribuyen al daño de la mielina y los axones, causando discapacidad en los pacientes. «Es el primero en la historia que ha demostrado un efecto consistente en la reducción de la discapacidad en la EMPP», ha apostillado el doctor Montalbán.

La autorización de «Ocrevus» se ha basado en los resultados de tres ensayos clínicos fase III del programa de investigación «Orchestra», con la participación de 19 hospitales españoles, y en el que se han evaluado a 2.388 pacientes que alcanzaron el objetivo primario y la mayoría de los secundarios.

En concreto, los datos de los ensayos clínicos fase II idénticos en pacientes con EM con brotes, «Opera I» y «Opera II», mostraron que este tratamiento tiene una «eficacia superior» con alrededor de un 80 por ciento de pacientes libres de brotes y una progresión significativamente más lenta de la enfermedad, en comparación con dosis altas de interferón beta-1a durante el periodo de tratamiento controlado de 96 semanas.

Asimismo, la terapia también incrementó significativamente la probabilidad relativa de los pacientes de alcanzar la ausencia de actividad de la enfermedad en un 64 por ciento en el estudio «Opera I» y en un 89 por ciento en el «Opera II», en comparación dosis altas de interferón beta-1a.

Del mismo modo, en el ensayo clínico fase III en pacientes con EMPP, denominado «Oratorio», el tratamiento redujo significativamente la progresión de la discapacidad y los signos de actividad de la enfermedad, en comparación con placebo a 120 semanas. Concretamente, los pacientes tratados con «Ocrevus» tuvieron un 24 por ciento menos de probabilidades de sufrir progresión de la discapacidad confirmada a 12 semanas y un 25 por ciento menos de probabilidades de tener progresión de la discapacidad confirmada a 24 semanas. Además, ralentizó significativamente la progresión del deterioro de la marcha en un 29,4 por ciento, medido por el tiempo requerido para caminar 25 pies, en comparación con placebo.

La forma de administración del tratamiento, tal y como ha informado el doctor Montalbán es por vía intravenosa cada seis meses, sin ser necesario efectuar controles de rutina entre dosis. En este sentido, el doctor Pérez Sempere ha asegurado que el tratamiento con «Ocrevus» aporta tres ventajas al paciente con esclerosis múltiple: la primera es una alta eficacia; la segunda seguridad, es decir, una baja incidencia de efectos secundarios avalada por la «experiencia clínica» del seguimiento durante varios años en los ensayos clínicos; y, la tercera, la comodidad porque el tratamiento interfiere poco en la vida cotidiana del paciente.

«Comparado con otros tratamientos, es difícil encontrar otro fármaco que reúna las tres características mencionadas: alta eficacia, seguridad y comodidad. Hay fármacos que son cómodos de administrar, pero con dudas acerca de su seguridad a largo plazo, y otros fármacos que también son eficaces, pero con mayor riesgo de efectos secundarios y que requieren controles muy frecuentes», ha zanjado el jefe de sección de Neurología del Hospital General Universitario de Alicante.

https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-disponible-espana-primera-terapia-eficaz-frente-formas-mas-frecuentes-esclerosis-multiple-201902281211_noticia.html?fbclid=IwAR0kYjwbNvLkTamXTbjLJs9MoY9h0k_W_1gAUJ_f8J3Gfwug8FdTtcFT1Tk#ns_campaign=rrss-inducido&ns_mchannel=abc-es&ns_source=fb&ns_linkname=noticia-foto&ns_fee=0

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El Gobierno recupera por decreto la cotización de las cuidadoras no profesionales de dependientes

Se trata de las cuotas a cargo del Estado destinadas a las personas que se encargan del cuidado de familiares prácticamente a tiempo completo

«Queremos devolverles su protección, su respeto y dar un agradecimiento a la tarea que hacen», ha dicho la vicepresidenta Carmen Calvo

El proyecto de presupuestos rechazado por el Congreso atribuía a esta partida 315 millones de euros.

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El Gobierno ha decidido incorporar a su decreto de «medidas urgentes para la igualdad de trato y oportunidades» la recuperación de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales al cargo de personas con dependencia. El proyecto de presupuestos generales asignaba a esta partida 315 millones de euros.

La modificación de este estatus fue uno de los acuerdos que alcanzó el Gobierno con Unidos Podemos para incorporar en las cuentas de 2019, finalmente frustradas. Esta partida viene a cubrir las cotizaciones de las cuidadoras que, por dedicarse de manera exclusiva o en un alto porcentaje al cuidado de una persona cercana dependiente, no pueden desempeñar un trabajo remunerado. Se trata de un colectivo feminizado casi al 100%. «Queremos devolverles su protección, su respeto y dar un agradecimiento a la tarea que hacen», ha dicho la vicepresidenta Carmen Calvo

El texto aprobado por el Gobierno explica que «se pone en valor la figura del cuidador no profesional de personas en situación de dependencia, quien en muchos casos se ve abocado a abandonar su puesto de trabajo». Y luego añade que «esta medida, dada su particular naturaleza, requiere de una actuación urgente, y sin duda necesaria para este colectivo, que está formado en mayor medida por mujeres. Esta circunstancia incide en «la brecha intolerable en las pensiones», ha rematado la vicepresidenta Calvo.

https://www.eldiario.es/sociedad/Gobierno-cotizacion-cuidadoras-profesionales-dependencia_0_873163012.html

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Una de cada cuatro personas no puede ejercer su derecho a la autonomía personal en su vida diaria

Una de cada cuatro personas en España carece de autonomía personal en su vida diaria, según los datos ofrecidos por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) en la presentación de una iniciativa que pretende movilizar a la sociedad civil para reivindicar el derecho a la autonomía personal.

Esta iniciativa se aglutina en torno al manifiesto ‘La Autonomía Personal, una cuestión de justicia e igualdad’, que cuenta con el apoyo de numerosas entidades del Tercer Sector y que reclama a los poderes públicos y al conjunto de la sociedad la adopción de las medidas necesarias para que todas las personas, independiente a su condición, puedan ejercer su derecho a la autonomía personal conforme a su voluntad durante todas las etapas de la vida, condición esencial de todo ciudadano plenamente activo e incluido en su comunidad.

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Tal y como destaca el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, “es imprescindible que concibamos la autonomía personal en sentido amplio, como un bien común que concierne a toda la sociedad y no como una circunstancia que únicamente incide sobre las personas con discapacidad y mayores”.

En este sentido, destaca que “tenemos que ser capaces de impulsar un cambio cultural dirigido al desarrollo pleno de la autonomía personal en todo el ciclo vital y que este derecho esté garantizado por las administraciones y los órganos de los que depende, basándose en el respeto a la dignidad de todas las personas y la igualdad de oportunidades”.

Por su parte, el copresidente del Grupo de Alto Nivel para la Alianza de Civilizaciones y ex director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, que también se ha unido a la iniciativa, recuerda que “el mandamiento fundamental para construir en un destino común es pensar que todos somos iguales en dignidad, independientemente de las capacidades de cada persona”.

Manifiesto ‘La Autonomía Personal, una cuestión de justicia e igualdad’
El manifiesto ‘La Autonomía Personal, una cuestión de justicia e igualdad’ demanda la promoción de las medidas necesarias para garantizar que todas las personas puedan ejercer su derecho a la autonomía personal para que puedan tomar sus propias decisiones sin injerencias externas, así como la garantía en el respeto a la dignidad inherente de todas las personas, su igualdad y no discriminación. Unas medidas que deben desarrollarse íntegramente bajo las normas establecidas en la ley de Promoción de la Autonomía Personal, de manera destacada en los aspectos relativos a la promoción de la autonomía, pero que han sido relegadas en favor de la dependencia pasiva, denuncian los firmantes.

Por todo lo expuesto, desde COCEMFE se exige a las administraciones públicas y a la sociedad en su conjunto que:

Promuevan y garanticen el respeto a la dignidad inherente de todas las personas, su igualdad y la no discriminación. Sólo bajo estos principios estará asegurado el derecho a la autonomía personal.
Tomen las medidas necesarias para que todas las personas puedan ejercer su derecho a la autonomía personal, es decir, puedan tomar sus propias decisiones sin injerencias externas, vivir donde decidan y bajo principios y valores propios
Promuevan todas las acciones en el campo legislativo, educativo y de sensibilización social para favorecer y garantizar el respeto a las capacidades y aportaciones que hacen las personas con discapacidad a la sociedad para construir una sociedad inclusiva
Desarrollen íntegramente el contenido de la citada Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal, especialmente los aspectos relativos al fomento de la autonomía, claramente relegados en favor de la dependencia pasiva
Impulsen la accesibilidad universal en productos, bienes, entornos y servicios para avanzar positivamente hacia el diseño universal, una cultura que nos acerca a la sociedad del bien común al beneficiar a personas de todas las edades y capacidades, facilitar la no discriminación y ser un instrumento para llevar una vida más independiente.

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En este manifiesto también se advierte que, en un mundo cada vez más digital, el acceso a las nuevas tecnologías es todavía una barrera muy importante que la sociedad no ha solventado para algunos colectivos sociales. De hecho, tres de cada cuatro personas con discapacidad no utilizan Internet por falta de accesibilidad, tal y como indican los últimos datos ofrecidos por el Observatorio Estatal de la Discapacidad.

A este respecto, el director de Desarrollo eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y director del comité científico del Congreso Derecho a la Autonomía Personal, Manuel Armayones, recalca que las herramientas de la salud digital pueden contribuir a “mejorar la calidad de vida del colectivo de personas con discapacidad”, tanto las basadas en asistencia médica, como las que pueden servir como herramientas para la comunicación. Este experto destaca que en pocos años, debido al envejecimiento y el incremento de enfermedades crónicas, aumentará el número de personas con discapacidad en la sociedad.

Esta iniciativa, presentada en el Congreso de los Diputados a través de un debate con representantes de la sociedad civil y la política sobre el derecho a la autonomía, pretende ser el comienzo de una serie de acciones conjuntas con todos los agentes sociales involucrados en este derecho básico entorno a debates sobre cuatro ejes:

la garantía de los derechos en cada etapa del ciclo de vida
las TIC al servicio de la mejora de la calidad de vida de las personas
la ciudad como espacio de convivencia amigable y de acceso fácil a los servicios
los datos colectivos como herramienta de transformación social.
Todas estas actividades se culminarán con la celebración del I Congreso ‘Derecho a la autonomía personal. Discapacidad física y orgánica, envejecimiento y cronicidad’, que se celebrará en Barcelona durante el mes de octubre. Los interesados pueden consultar aquí este manifiesto.

Una de cada cuatro personas no puede ejercer su derecho a la autonomía personal en su vida diaria

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Debat a bat 22-02-2019

BARRERES / BARRERAS

Debat a bat 22-02-2019

El programa d’avui el dediquem a parlar de les «Barreres arquitectòniques». Ens acompanyen Susana Peix, Postgrau UIC, Luis Criado president d’AMICU; Joan Martí, secretari d’AFAPAC i Miquel González.

 

https://canalblau.alacarta.cat/debat-a-bat/capitol/debat-a-bat-22-02-2019?fbclid=IwAR0FZV6MNIRl6TtAQZxszz23hQSjtRAcTePDUaGI9PaZz4jl_lQCDEOEW7Q
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El Congreso pide por unanimidad el reconocimiento de cualificación de cuidadores no profesionales de dependientes

Representan cientos de miles de cuidadores, de los cuales el 92% son mujeres.

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La Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Congreso de los Diputados aprobó este jueves por unanimidad una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la que se pide el reconocimiento de cualificación de cuidadores no profesionales de personas dependientes, así como la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

La portavoz del Grupo Popular, Carmen Navarro, recordó que los cuidadores familiares no profesionales de personas dependientes “representan cientos de miles de cuidadores, el 92% mujeres que cuidan de sus familiares dependientes”.

Personas con las que el PSOE “está en deuda”, agregó, al tiempo que criticó que los socialistas quisieran “volver a endeudarles esta vez a través de los Presupuestos Generales del Estado de 2019” después de haberles “dejado en la cuneta al no ingresar ni un solo euro de las cotizaciones a la Seguridad Social y dejando una deuda de más de 1.034 millones al Gobierno del PP” de Mariano Rajoy.

SUBSIDIO

Tras criticar que el PSOE ofreciera “un subsidio para hoy y nada para mañana”, consideró que este “significa el colapso del sistema”. “Eso fue lo que el PP heredó en esta legislatura, en la que el PSOE ha tenido la oportunidad de hacer cosas pero no han hecho nada”.

Navarro lamentó los ocho meses “perdidos para los españoles” que, a su juicio, han supuesto los meses de esta legislatura con el PSOE en el Gobierno, aseverando que, “sin duda, uno de los colectivos más vulnerables y que más lo han acusado” ha sido el de las personas dependientes, que, a su entender, “han sufrido su inacción”.

“Ocho meses de fotos, de aviones y conciertos pero para la dependencia, nada”, lamentó, para, a continuación, incidir en que la “prioridad” del Gobierno de Mariano Rajoy fueron las personas en situación de dependencia, al tiempo que reiteró su “compromiso con los dependientes de ayer y de hoy”.

En este punto, aseveró que les “avalan los datos”, entre los que citó la “cifra récord” de 967.835 personas con dependencia atendidas a fecha de mayo de 2018 o las más de 1.034.000 prestaciones para atender a las personas dependientes “que más lo necesitan”.

A su juicio, estos cuidadores “no solo necesitan de la protección del sistema durante su cuidado, sino que el sistema tiene que aprovechar este capital y devolverlo en forma de oportunidad laboral”.

El aumento de la esperanza de vida y de la dependencia entre las personas mayores “obliga a sensibilizar y concienciar a la población” sobre el sector de la dependencia, que necesitará de personal cualificado “que ni la era digital ni la cuarta revolución industrial podrá robotizar”.

COTIZACIÓN

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Guadalupe Martín, se mostró “sorprendida” de que “ahora el PP se acuerde de los familiares cuidadores de personas dependientes” y afirmó que los populares “saben perfectamente que lo que proponen no se puede aplicar”.

“Quizá pensaban hacerlo en el Gobierno, podían haberlo hecho”. “Podrían no haber expulsado a los 150.000 familiares cuidadores de la cotización de la Seguridad Social, no haber recortado la cantidad de la prestación ni la concesión de las prestaciones”, arguyó.

Frente a esta posición, dijo, el Gobierno de Pedro Sánchez pretendió aprobar los Presupuestos Generales del Estado “para revertir una situación creada en 2012”. “Incluyeron una partida de 315 millones para beneficiar a 180.000 cuidadores, un 83% mujeres, que se quedaron sin cotizar y que han tenido que suspender su carrera profesional”, añadió.

Agregó que pese a no haberse aprobado los Presupuestos, el PSOE “no renuncia” a la aprobación de un decreto que “reponga” la cotización de los familiares cuidadores de personas dependientes. “Se hará, no lo dude”, aseveró.

Tras confiar en que se desarrollen las propuestas del grupo de trabajo constituido a tal efecto para que estos cuidadores puedan beneficiarse de la acreditación, admitió que esta titulación será “positiva, pero más lo es la cotización y eso se les ha olvidado incluirlo”, resolvió.

Por parte de Ciudadanos, su portavoz Diego Clemente advirtió de que en los momentos en que su formación “ha sido clave para sacar los Presupuestos” la cuantía en materia de dependencia “ha aumentado, cambiando esa tendencia regresiva que ya empezó con Zapatero”.

Abogó, asimismo, por “aumentar” los fondos para el Sistema de Dependencia y por “mejorar y agilizar” los trámites para obtener ese reconocimiento y “reducir las enormes listas de espera”. Una acreditación que debe contar, además, con el “consenso” de los expertos “para facilitar que sea real”.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ( GCUP-EC-EM ), Ana Marcello criticó los “brutales y criminales” recortes del PP en materia de dependencia y reivindicó el derecho a la prestación por desempleo de estos trabajadores.

“Necesitamos un sistema de garantía de cuidados y una ley que, como mínimo, tenga una garantía de que, en los seis primeros meses desde que una persona solicita la ley de dependencia, se le conceda para que las mujeres puedan elegir entre ser la cuidadora principal o tener una red pública que le garantice esos cuidados a su familiar”, concluyó.

http://www.solidaridaddigital.es/noticias/nacional/el-congreso-pide-por-unanimidad-el-reconocimiento-de-cualificacion-de-cuidadores?fbclid=IwAR23lyxCn-1JL7yQP5pJF3_EV8x8kLZ65Xwi47Uv1GFMqVZez0Jii6yKwuw

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Cinco minutos

Las plazas reservadas a Personas con Movilidad Reducida son ocupadas de manera fraudulenta sistemáticamente pese a la gran labor de concienciación tanto legal como ciudadana.

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Poneos en situación: estáis buscando aparcamiento y las únicas plazas libres que encontráis son las reservadas para personas con movilidad reducida (P.M.R).

Antes de tener la lesión medular yo también tenía la sensación de que abundaban y de que la mayoría de las veces estaban vacías… ¡nada más lejos de la realidad! Es cierto que a veces en la desesperación de encontrar aparcamiento pudiera parecer lo contrario, pero os aseguro que no es así, que hay muchas menos plazas de las que debería haber, por no hablar de su ubicación que en muchas ocasiones imposibilita hacer uso de ella.

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Según el Real Decreto 1056/2014 de 12 de diciembre, “los principales centros de actividad de los núcleos urbanos deberán disponer de un mínimo de una plaza de aparcamiento reservada y diseñada para su uso por personas titulares de la tarjeta de estacionamiento por cada cuarenta plazas o fracción, independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo”. Creedme, aunque vuestros ojos os digan lo contrario cuando estéis inmersos en la búsqueda de aparcamiento…no es mucho.
Si a esto le sumas que en muchas ocasiones estas plazas son ocupadas por personas sin la tarjeta reglamentaria…olvídate de aparcar, por lo menos cerca de tu destino o acceso.

SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente y tras una labor tanto legal como ciudadana de concienciación sobre la buena utilización de estas plazas, seguimos viendo cómo en muchas ocasiones nos encontramos con que estas siguen estando ocupadas de manera fraudulenta. Esta situación genera que las personas que sí disponen de la tarjeta reglamentaria y tienen, por ello, derecho a hacer uso de estas plazas tengan problemas para estacionar en condiciones de accesibilidad y comodidad necesaria.

Asociaciones y colectivos han actuado para intentar concienciar sobre este tipo de comportamiento con diferentes campañas, pero como he comentado, seguimos sin dar con la solución. Una solución que es tan sencilla como respetar a la otra persona como a una misma.

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Pero no, este tipo de situaciones se siguen llevando a cabo con impunidad, primando el egoísmo ante el civismo, e incluso, la compasión, entendiendo a esta como un sentimiento humano, más intenso que la empatía, como la percepción y la compenetración en el sufrimiento de otra persona, y el deseo y la acción de reducir o eliminar por completo dicha situación.

¿QUÉ SUPONE OCUPAR DE MANERA FRAUDULENTA LAS PLAZAS RESERVADAS PARA P.M.R.?
Estas plazas son una necesidad y ocuparlas de manera fraudulenta, ya sea 5 minutos o 20, provoca que no podamos hacer uso de ellas y de este modo tengamos que buscar otra con las mismas condiciones, alejándonos del lugar de destino o acceso y provocando una mayor dificultad y esfuerzo a la hora de hacer cualquier actividad cotidiana.
Tras la ocupación de una plaza reservada por parte de una persona que no dispone de la tarjeta reglamentaria llegan las excusas de los infractores y en muchas ocasiones la falta de actuación por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya que hay situaciones en las que no realizan las denuncias pertinentes y con que quiten el vehículo les parece suficiente…y así hasta la próxima.

Todos conocemos la famosa frase “son sólo cinco minutos” …pero para una persona con movilidad reducida nunca son sólo cinco minutos
Esos son precisamente los minutos que puede costar a una persona sin movilidad reducida llegar al destino desde el punto más lejano del aparcamiento. No le supone gran esfuerzo, estaciona en una plaza reservada simplemente por comodidad, no por necesidad.

Que las plazas reservadas estén ubicadas en la zona más cercana al destino, acceso o paso de cebra tiene un porqué, por necesidad y por reducir el esfuerzo que nos supone la movilidad en nuestra situación.

En una ocasión llamé la atención a una persona que había estacionado su vehículo en una plaza reservada para P.M.R. simplemente para informarle de que esa plaza podía necesitarla una persona que sí tuviera reconocida oficialmente la condición de persona con discapacidad y, por ende, tuviera legalmente derecho a estacionar ahí. Su respuesta fue a gritos, acusándome de no ser nadie para advertirle de la infracción y sugiriéndome que llamara a la policía si tenía algún problema con esa situación. Lo mejor que podía hacer en ese momento era irme y es lo que hice.

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Es cierto que no soy yo la persona indicada para advertirle de la situación, no debería ser la que se enfrente a una persona que ni respeta las plazas reservadas ni a los demás, pero tampoco puedo cerrar ojos y boca ante actos tan irrespetuosos.
Me parece surrealista que alguien pueda tener el coraje de enfrentarse a una persona sabiendo perfectamente que lo que está haciendo es ilegal y que no tiene ningún argumento sólido que justifique la infracción.

Este tipo de situaciones pueden darse si la persona infractora está cerca del vehículo, pero la mayoría de las veces nos encontramos únicamente el vehículo aparcado. Esto genera que si yo fuera a un destino concreto y viera que las plazas reservadas para P.M.R. están ocupadas, no podría permitirme bajar del vehículo para comprobar que tengan la tarjeta reglamentaria y, además, que sea legal. Pasaría de largo a buscar otro aparcamiento adecuado para mí que seguro estaría lejos y me supondría mayor esfuerzo y tiempo.

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Una vez pudiera bajarme del vehículo y llegar al destino, allí tampoco podría permitirme comprobarlo, llamar a la policía, esperar a la grúa…no somos los legítimos usuarios los que tenemos que controlar que estas plazas estén correctamente ocupadas.
Y aunque realmente fueran sólo cinco minutos, como he dicho en ese tiempo ha podido pasar una persona de largo con su vehículo por ver la plaza ocupada sin saber que no tiene la tarjeta de estacionamiento reglamentaria y seguramente habrá tenido que aparcar lejos con lo que ello supone, en esfuerzo y tiempo.

En otra ocasión cuando fui a la plaza de aparcamiento del hospital encontré a un vehículo sin tarjeta estacionado en la plaza contigua a la mía, pero no sólo eso, había aparcado tan mal que no podía acceder a mi vehículo. Llamé a la policía y a la grúa, todo este proceso dura no menos de media hora, por eso en el tiempo de espera llegó el conductor de ese vehículo y me pidió disculpas alegando que llovía y que por eso aparcó en esa plaza, más cercana a la puerta del hospital. Lo que él no pensó es en la media hora que tuve que estar yo bajo la lluvia, únicamente para que él no se mojara.

Anécdotas hay miles y en ninguna hay justificación para ocupar estas plazas sin la tarjeta reglamentaria.

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA P.M.R.?
Hay algo tan importante como la promoción y defensa de la libertad y la igualdad para conseguir que sean reales y efectivas. Está el facilitar la participación de todas las personas en plenitud, la vida independiente y la accesibilidad universal, la igualdad de oportunidades y la inclusión. Cualquier persona que no lo cumpla, aunque sea sólo por cinco minutos, está provocando en otra mucho más de lo que a primera vista pudiera parecer.
Están limitando la vida de otras personas, seguramente sin conocer el problema real que generan. Muchas veces estas situaciones se dan por desconocimiento y, aunque posiblemente no sea mi deber, no puedo resignarme a que la situación siga igual, quedarme impasible ante este tipo de actuaciones. Aquí nadie es más que nadie, no hay unos derechos para unos y otros para otros. Debemos empezar por el respeto mutuo.

Tener esta tarjeta no es ningún chollo, yo querría no tener que aparcar ahí, sino en la punta más lejana del aparcamiento. Ojalá tardar 5, 10, 20 minutos en llegar a la puerta de acceso, ojalá.
Conozco personas en mi misma situación que deciden no llamar la atención a quien estaciona sin tarjeta. Lo entiendo. No tenemos por qué enfrentarnos a ellos, no sabemos cómo es esa persona ni cómo puede llegar a reaccionar, pero yo no puedo hacer como que no lo he visto.

Seré una pesada, pero, la verdad, no tengo ninguna intención de dejar de serlo.

 




https://www.elsaltodiario.com/recapacitando/cinco-minutos?fbclid=IwAR2N7gD1Jc97Qu_KCW73W-ut_2FA4WYzUvAb1aLudz6OoJ8GqIQFvSRixYA
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Sin derechos humanos

Ignacio Calderón Almendros

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Sin derechos humanos

En junio de 2018 se hizo público un informe del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU sobre el Sistema Educativo del Estado Español, motivado por la denuncia de la Asociación SOLCOM. El informe no deja indiferente a nadie. Unos meses antes, en Febrero del mismo año, se llevó a cabo un workshop en la Universidad de Málaga con personas venidas de todas las partes de España. El encuentro se enmarca en la investigación “Narrativas emergentes sobre la escuela inclusiva desde el modelo social de la discapacidad. Resistencia, resiliencia y cambio social”, dirigida junto a la profesora Mª Teresa Rascón en la Universidad de Málaga. La investigación pretende rescatar historias de activismo de familias y profesionales que están luchando decididamente por hacer de la escuela un lugar en el que toda la infancia encuentre el reconocimiento a través de la presencia, la participación, el aprendizaje y el éxito en las etapas pre y obligatorias. Ambos, el informe del comité y las declaraciones de familiares y activistas en el Workshop evidencian e ilustran una violación sistemática del derecho a la educación de muchos niños y niñas por razón de discapacidad.

En febrero de este año nos reunimos en la Universidad de Málaga (España) un centenar de personas (alumnado, familiares y profesionales activistas comprometidos con la inclusión) para desarrollar un workshop en el que explorar nuevas miradas a la orientación escolar, para la infancia y contra la segregación. En este encuentro se produjo un diálogo igualitario tremendamente intenso sobre lo que ocurre en muchas escuelas. Se habló de inclusión como un genuino y ambicioso proyecto social y educativo: el de educarnos juntos. No se buscaron palabras políticamente correctas: lo que pasa en la mayoría de nuestras escuelas es exclusión institucionalizada. Un conjunto de 23 testimonios como el siguiente presidió el encuentro, reflejando una realidad oculta que recorre el paso de muchos niños y niñas en las escuelas:

Siempre creí que una etiqueta, que es lo que le ponen a nuestros hijos, era para ayudarlos a avanzar el máximo, pero ahora he descubierto que no. Que la etiqueta es para estancarlos y apartarlos. Esa es mi experiencia. Si no hay lucha diaria y continua por parte de los padres, nuestros hijos están condenados a terminar en Educación Especial. (M. Carmen, madre de Clara, estudiante de Secundaria Obligatoria)

Hay diferentes modalidades de escolarización en el sistema educativo español: en escuela ordinaria, en aula específica dentro de las escuelas ordinarias o en escuela especial. No solo tenemos todavía escuelas especiales, sino que incluso se siguen construyendo nuevas. Estas modalidades de escolarización segregadas se sustentan en informes psicopedagógicos realizados por los profesionales de la orientación escolar. Siguiéndolos, la administración educativa obliga a asumir si el alumnado podrá estar o no en el aula ordinaria. La mera inercia de las escuelas conduce a muchos niños y niñas a una segregación sin remedio. Por tanto, las evaluaciones psicopedagógicas están siendo usadas para preparar informes que sentencian a los estudiantes. A principios de la pasada década mi hermano Rafael experimentó este proceso. Comprobar esta violencia institucional dio inicio a mi interés por conectar el trabajo académico con el activismo por los derechos humanos. Con mi hermano identificamos el uso de estrategias segregadoras soterradas que, respaldadas por la legitimidad de la institución y sus profesionales, son difícilmente combatibles. Las describimos detalladamente, así como nuestras acciones para resistir en el libro Educación, hándicap e inclusión (Octaedro, 2012).

Obviamente, la tradición y la cultura institucional no encuentran lógica a que determinados niños y niñas puedan estar escolarizados junto al resto. Y aunque España ratificó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) (UN, 2016), esto no ha cambiado. Como resultado, algunas familias decidieron plantar cara a la segregación e iniciar acciones legales. Los casos de Rubén y Daniel son ejemplos representativos de ello. Ambos fueron obligados a escolarizarse en un centro de Educación Especial, a pesar de la oposición de sus familias. La administración educativa impidió sus matrículas en los años sucesivos en centros ordinarios, por lo que estuvieron desescolarizados (atendidos en casa), siendo sus padres acusados por la Fiscalía de abandono de familia. Tras años de juicios, al recurrir al Tribunal Constitucional, las demandas de los padres para defender el derecho a la educación inclusiva fueron desestimada y negada respectivamente.

Todo esto se hace en nombre del supuesto bien del menor. Con el argumento de que en el centro ordinario no hay suficientes recursos, o que necesita un tratamiento individualizado para ser bien atendido, se justifica el inicio más explícito y descarado del proceso de exclusión por razón de discapacidad en las escuelas. Con sustento en el modelo médico de la discapacidad, que la atribuye al cuerpo maltrecho del niño o de la niña, las administraciones educativas generan un proceso burocrático amparado en “la ciencia” (a pesar de haber sido tan contestado desde el modelo social) por lo que se reviste de neutralidad y se convierte en incontestable. Cuestionar estos procesos, ejecutados por profesionales cualificados que aplican pruebas objetivas y tests se entiende como ir contra la realidad, por lo que la inmensa mayoría de las familias solo se encuentran en condiciones de resignarse y acatar lo que las escuelas expresan con tanta rotundidad: la normativa y buena parte de los equipos directivos de centros, de los claustros, de las familias, de los profesionales de la educación especial… Todo hace que este engranaje funcione, porque tradicionalmente ha sido así, y porque es difícil pensar en otras posibilidades mientras nuestros sistemas educativos compiten por escalar puestos en el ranking de PISA y las escuelas siguen asentadas en la meritocracia.

No es cierto que sea por el bien del menor, no nos engañemos. Hace décadas que disponemos de abundante literatura científica que explica sólidamente la discapacidad como fenómeno social. También está comprobado, por ejemplo, que construir la identidad dentro de esa categoría social implica una devaluación irreversible, porque conlleva un proceso de exclusión social que afecta a la identidad y la inteligencia; o que educarnos juntos es algo positivo para todo el alumnado y no solo para el alumnado nombrado por la discapacidad.

Todo esto se manifestó con claridad en las discusiones de la citada jornada de trabajo, así como el coste que implica. Las experiencias de los asistentes y sus conversaciones (que fueron transmitidas en streaming) tuvieron su eco en la red: no es común que un debate sobre educación –menos aún uno de estas características tan poco complacientes– llegara a ser Trending Topic en Twitter España. Es evidente que el dolor que contaban esas madres no era anecdótico, sino un sentir muy extendido.

Esto mismo es lo que ha venido a respaldar el contundente informe que ha publicado en 2018 el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU tras realizar una investigación al Sistema Educativo del Estado Español, motivada por una denuncia de la Asociación SOLCOM, una organización crítica, comprometida e independiente. En la base de esta denuncia está la consideración de que un colectivo importante dentro de las escuelas sigue siendo objeto de un tratamiento tremendamente injusto y discriminatorio; algo que no es anecdótico, sino que forma parte del ADN de la institución.

Esto es bien conocido por quienes nos relacionamos profesional o familiarmente con las personas que viven bajo el estigma de ser etiquetados con “Necesidades Educativas Especiales” o “Necesidades Específicas de Apoyo Educativo”, pero la denuncia ha sido una iniciativa inédita hasta este momento. En esta línea, el informe del Comité es taxativo:

El Comité considera que la información disponible revela violaciones al derecho a la educación inclusiva y de calidad principalmente vinculadas a la perpetuación, pese a las reformas desarrolladas, de las características de un sistema educativo que continua excluyendo de la educación general, particularmente a personas con discapacidad intelectual o psicosocial y discapacidades múltiples, con base en una evaluación anclada en un modelo médico de la discapacidad y que resulta en la segregación educativa y en la denegación de los ajustes razonables necesarios para la inclusión sin discriminación en el sistema educativo general.

Se trata de violaciones graves y sistemáticas del derecho a la educación (un Derecho Humano fundamental), que tras la ratificación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (UN, 2006) equivale al derecho a la educación inclusiva. La Convención nace como instrumento con el que hacer efectivos los Derechos Humanos para esas personas que habían sido excluidas de la humanidad. Sí, de la humanidad. Cómo si no podría explicarse que a determinados niños y niñas se les obligue a salir de sus entornos de pertenencia, se les desarraigue del vecindario e incluso de sus hermanos y hermanas, y se les obligue a estar escolarizados en centros únicamente para quienes han sido nombrados por la discapacidad. Esto, y que la comunidad casi al completo lo vea como algo lógico. La Convención pretende arreglar esta intolerable concepción: que los derechos humanos solo son considerados para unas personas y no para otras. El artículo 24 consagra que el derecho a la educación es el derecho a la educación inclusiva. Con ello, los Estados partes se comprometieron a “respetar, proteger y garantizar la educación inclusiva y de calidad para todas las personas sin distinción”. Sin embargo, esto no se produce. No nos engañemos.

Eso es lo que denunciaban aquellas madres en la Universidad de Málaga. También aquellos profesionales y estudiantes comprometidos con hacer de las escuelas lugares para la construcción democrática. Algunas de esas personas contaban que eran vistas como locas por la institución, lo cual es comprensible: no seguían la lógica de la institución, aunque lo que defendían tenía mucho sentido antes y ahora: que un niño tenga autismo o síndrome de Down, de Williams o de Ángelman, por ejemplo, no puede ser motivo para ser segregado. Si la discapacidad es un fenómeno social, ¿cómo puede ser que las evaluaciones educativas se conviertan en pruebas individuales que encierran el problema en el cuerpo de mi hijo o mi hija? ¿Cómo algo social y cultural se convierte en individual y biológico?

Lo más interesante es que ese poder normativo que tienen las administraciones y que ejercen de modo despiadado ante el dolor de tantas y tantas familias ha quedado tremendamente devaluado tras el informe del Comité de la ONU. Ahora han sido respaldadas por la ONU quienes eran tachadas de “madres locas” por querer lo imposible o “ciegas por el amor de madre” al no ver la discapacidad de sus hijos en los términos biológicos en los que aún siguen instaladas tantas escuelas. Ya no lo dicen unas madres, sino el Órgano Internacional legítimo para interpretar la Convención. Y esto es inapelable: las evaluaciones psicopedagógicas siguen siendo de tipo clínico, lo cual solo tiene sentido clasificatorio. Los dictámenes de escolarización, que se basan en estas prácticas, perpetúan la discriminación de todo el colectivo. Las medidas de adaptación curricular individuales condenan a la no titulación y evitan la transformación del sistema. Y es precisamente esto, la transformación del sistema, lo que implica ese proyecto social que nació con el nombre de educación inclusiva. No valen arreglos cosméticos, sino una revisión profunda del sistema escolar para conquistarlo como espacio para la participación democrática.

El Comité ha hablado y lo ha hecho de forma muy explícita: en España se vulneran los derechos humanos de buena parte de la infancia dentro de las escuelas. Esto es inadmisible en cualquier caso, pero especialmente cuando esta violencia la ejercen instituciones que han de proteger a la infancia. Quizá lo más perturbador sea lo que aún no ha dicho la ONU. Durante los últimos meses, y gracias al Programa para la promoción de la Educación Inclusiva en las Américas, hemos tenido la oportunidad de comprobar in situ gracias a los testimonios de jóvenes, familias y profesionales esta misma realidad en Uruguay, Chile, Paraguay y México. La catarata de preguntas entonces es irremediable: ¿Cuántos de los países que ratificaron la Convención están ejerciendo una violación grave y sistemática de los derechos humanos en las escuelas? ¿Qué papel estamos jugando los académicos y los profesionales en el mantenimiento de este estado ilegal y éticamente despreciable? ¿Qué vamos a hacer para que se respeten los derechos humanos de una vez por todas?

El informe del Comité en España ha sido taxativo y no admite ambigüedades. Hemos de obligar a nuestros representantes políticos a adecuar la legislación, a la vez que tenemos la obligación moral de transformar las culturas y prácticas escolares. Ya no es posible mirar para otro lado: o respetamos los derechos humanos o seguimos una tradición y una normativa que atenta contra ellos. Una madre cerró aquel encuentro en Málaga con una pregunta incómoda y movilizadora: “Y tú, ¿qué vas a hacer a partir de mañana?” Esa pregunta humilde de una madre llega hoy con su permiso a este foro internacional para dirigirse a Estados, políticos, profesionales, académicos y ciudadanía en general:

Ustedes, ¿qué van a hacer a partir de mañana?
———-
Este artículo ha sido publicado en inglés bajo el título Deprived of human rights en la revista Disability & Society, 33(10).

Quiero agradecer a SOLCOM y a todas las personas que han colaborado para que este informe haya visto la luz, especialmente a aquellas familias que han luchado para resistir y transformar el sistema escolar. Todo el sufrimiento experimentado y el trabajo llevado a cabo constituyen hoy un pilar sobre el que defender los derechos de miles de niños y niñas.

http://www.ignaciocalderon.uma.es/index.php/sin-derechos-humanos/?fbclid=IwAR0dspSXq_OdNyEbcJ2H1i7vuSqWT5HacHWFXAWLWgXbx603euuvClNfv7I

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L’accessibilitat no és negociable: carrers lliures d’obstacles

Oscar Martínez

Professor de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull) i consultor de la Universitat Oberta de Catalunya. Ha treballat durant 18 anys com a educador social a TEB d’Habitatge. Doctor en Educació per la Universitat de Barcelona, Educador Social, Psicopedagog i Màster en Societat de la Informació i el Coneixement. Coautor del llibre ‘Alterando la discapacidad’ i ‘Acció Social 2.0. Per crear, compartir i reinventar’.

El meu veí Antonio explica com ha estat durant dos anys denunciant que als voltants de casa seva hi ha constantment cotxes sobre la vorera. La plataforma única que van dissenyar va generar molta facilitat perquè els cotxes aparquessin constantment a l’espai dels vianants.

L’Antonio pràcticament no hi veu i una situació d’aquest tipus li suposa una greu vulneració del seu dret a poder entrar i sortir de casa seva amb seguretat. No hauria de passar que una administració trigués dos anys a donar resposta a una situació similar. Amb molta resignació admet que s’ha millorat una mica l’espai des de fa unes setmanes, però continua sense solucionar-se completament.

Al costat de la Diagonal de Barcelona, hi ha un bar restaurant que de forma permanent té una terrassa contra la façana de l’edifici i a sobre de l’encarrilament dissenyat a l’espai públic per guiar a les persones cegues. En concret, a més de les taules i cadires, és molt habitual que tinguin una estufa de dos metres d’alçada ideal per estampar-se amb ella. Malgrat les denúncies de veïnes cada dia posa en perill les persones cegues o amb baixa visió.

Els carrers de les nostres ciutats s’han convertit en l’espai idoni per inventar-se qualsevol forma per fer negoci a costa de limitar que les persones puguin fer-ne ús de la manera més segura possible. Terrasses mal ubicades, grans testos de plantes de decoració, vehicles a la vorera, cartells amb ofertes, motocicletes i, per suposat, les bicicletes Mobike i qualsevol forma de vehicle sense ancoratge, formen part d’algunes de les possibilitats per complicar-li la vida a les veïnes i veïns i en especial a les persones amb mobilitat reduïda o persones cegues i amb baixa visió.

Donat que durant tantes dècades no ha estat possible que les motocicletes estiguin aparcades en espais segurs per totes les persones, els ajuntaments han d’invertir en la retirada d’aquestes de les voreres. Donar més espais a la calçada aconseguiria que poguéssim aplicar aquesta norma sense excepció, perquè no hi hagi dubte.

Ja va sent hora que deixem de pensar sobre aquestes qüestions com un favor i pensem que és un dret fonamental. Les ciutats han de ser responsables vers totes les seves veïnes i veïns i mirar d’invertir en la protecció de les persones que per la seva manera de funcionar puguin ser més vulnerables a un incivisme que és tant o més greu com el fet de permetre’l cada dia de la vida d’aquests ciutadans.

L’accessibilitat és un dret bàsic i fonamental i és per això que ni és negociable ni és possible que un espai sigui «una mica accessible». Fa massa anys que estem reivindicant aquest dret fonamental i reconegut per convencions, marcs estatals, catalans i també municipals per haver-los de rebaixar.

La discapacitat existeix en funció de les situacions discapacitants que les administracions permetin a les ciutats.

https://www.social.cat/opinio/9640/laccessibilitat-no-es-negociable-carrers-lliures-dobstacles

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Campanya Sí a l’accessibilitat

Campanya Sí a l’accessibilitat

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