80.000 personas con discapacidad se quedarán de nuevo sin votar si se repiten elecciones

Plantea crear un fondo similar al 1% por ciento cultural para impulsar la accesibilidad en todas las obras públicas

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) –

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El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha reiterado en el Congreso una de las reivindicaciones del colectivo, la reforma de la Ley Electoral (LOREG) para que 80.000 personas no se queden sin votar por una «sentencia judicial que les condena a no hacerlo por tener discapacidad».

Durante su comparecencia ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja, Pérez ha recalcad que, en realidad, pueden hacerlo, y que este impedimento va en contra Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Igualmente, ha reclamado una reforma de la Constitución para que se reconozcan e incluyan los derechos sociales, así como una revisión de la Ley de Dependencia, que este año cumple diez años, o de los actuales baremos de valoración de la discapacidad.

En este sentido, cree que tiene que reformarse la Constitución para que se reflejen en ella «los principios rectores de la política social y económica», y se definan en la parte de derechos fundamentales y «con mecanismos de garantía financiera». Además, quiere que el artículo 49, único que hace mención a la discapacidad, se traslade a esa primera parte de los derechos fundamentales.

Sobre la Ley de Dependencia, Pérez Bueno ve conveniente la revisión de la norma en su décimo aniversario porque ésta «no ha respondido a expectativas del sector», ya que sólo reconoce al 20% de las personas con discapacidad como dependientes, cuando la cifra es superior.

A su juicio, otro de los «problemas graves» que afecta a la discapacidad actualmente es la situación de los baremos que se emplean para valorar la discapacidad de una persona, basados en un decreto «obsoleto» de 1999, que sólo atiende a valores médicos y no a las barreras existenciales, una norma que es previa a los nuevos modelos difundidos por la OMS, así como a la Convención de Discapacidad de la ONU.

LA CRISIS COMO «COARTADA»

Luis Cayo Pérez también ha reprochado al PP que en la anterior legislatura ha empleado la crisis como «coartada» para «ajustar las cuentas y no hacer nada» en favor del colectivo. Es más, dice que hay «mucha agenda que se podía haber avanzado», como el reivindicado cambio de la LOREG, «porque no cuesta dinero», al tiempo que subraya que pasar de un sistema de segregación educativa a uno inclusivo podría haber supuesto un «ahorro» al Estado.

Además, ha propuesto crear un fondo de accesibilidad, similar al del 1% cultural, que dote a la AGE de nuevos medios para acometer esos mandatos de accesibilidad universal, es decir, que ese 1% de todo el presupuesto del Estado en obra pública e infraestructuras pase a este fondo «que ayudaría a los operadores a acometer esa accesibilidad».

«Hay que acabar con prácticas que consideramos inhumanas como la esterilización forzosa fundamentalmente a mujeres con discapacidad, alcanzar la educación inclusiva y suprimir la educación segregadora, una única escuela», ha remarcado Luis Cayo Pérez.

El representante del CERMI ha alertado igualmente de que las mujeres y las niñas con discapacidad sufren «más exclusión» que los varones y niños en su misma situación.

RASGOS BÁSICOS DE LA DISCAPACIDAD EN ESPAÑA

Según ha detallado, hay más de 4 millones de personas con discapacidad –1 millón viven en el mundo rural–, 12 millones si se cuentan a las familias. También ha indicado que uno de cada cinco hogares tiene algún miembro con discapacidad y en una de cada cuatro familias la situación de discapacidad se da por nacimiento o ésta viene sobrevenida, principalmente por el envejecimiento.

De hecho, ha subrayado que el «rostro de la discapacidad» ha cambiado en España y antes se originaba en el nacimiento y ahora, mayoritariamente, viene sobrevenida por enfermedad o accidentes, entre otros puntos porque nacen menos niños con discapacidad y los que nacen «van a tener más necesidades de apoyo a lo largo de su vida».

Además, ha subrayado que las personas con discapacidad disponen de menor renta que el resto de la ciudadanía y por tanto, «están expuestos a mayor pobreza», a pesar de que se enfrentan a mayores gastos, «un binomio que lleva a mayor exclusión».

Según calcula, hay entre un 25 y 40% de encarecimiento en la adquisición de servicios, «a mayor pobreza mayor discapacidad», por lo que afirma que «las personas con discapacidad en están en una situación de exclusión permanente y estructural».

«No somos culpables de nuestra diversidad humana. (…) A pesar de los avances conseguidos, todavía no estamos en esa situación de normalidad cívica y la discapacidad nos condena y nos hace menos ciudadanos porque no podemos ejercitar los derechos básicos o disfrutarlos en igual medida que el resto de la ciudadanía», ha lamentado.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

Desde ERC, Ester Capella ha avisado de que todas las personas pueden tener discapacidad en algún momento de la vida. Por parte de UPN, Íñigo Alli, exconsejero de Política Social del Gobierno de Navarra, ha subrayado que todas las personas con discapacidad deben tener su autonomía personal, por lo que ha destacado que es necesario fomentar la inclusión de las personas. Coincide con el CERMI en que esta comisión debe ser de carácter legislativo.

María Pilar Ardanza, del PNV, ve necesario que hay que buscar nuevos criterios en la valoración de las personas con discapacidad y diferenciarla de la dependencia, a la vez que Elena Ribera (Democracia y Libertad) apoya que esta comisión también sea legislativa, y ve con buenos ojos la puesta en marcha del fondo de accesibilidad planteado por CERMI.

La diputada de Ciudadanos Orlena María Miguel se ha sumado a la petición de UPN y DL de que esta comisión sea también legislativa, y comparte la necesidad de una reforma constitucional para admitir los derechos sociales dentro de la Constitución y garantizar en ésta la dotación de los mismos.

Nagua Alba, de Podemos, ve necesario implementar políticas específicas para las mujeres con discapacidad, mientras que el diputado del PSOE Joan Ruiz ha valorado las propuestas lanzadas por el presidente del CERMI en favor de la inclusión de las personas con discapacidad, un colectivo por el que «se ha hecho poco» en la pasada legislatura por el Gobierno del PP.

http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-80000-personas-discapacidad-quedaran-nuevo-votar-si-repiten-elecciones-20160412142330.html

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