Las ayudas a los dependientes leves llegan con cuentagotas

En Barcelona, tras 10 meses de la finalización de la moratoria del Grado I, solo se han dado prestaciones al 3% de los beneficiarios.

Actividades en un centro de día de Barcelona ENRICO BARAZZONI

Actividades en un centro de día de Barcelona ENRICO BARAZZONI

Hace más de diez meses que terminó la segunda moratoria del Gobierno de Mariano Rajoy para que los dependientes de grado I —el más moderado — pudieran acceder a las prestaciones que establece la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia (LAPAD). Sin embargo, desde el Colegio de Trabajadores Sociales de Cataluña (TSCAT) denuncian que la entrada al sistema de los casi 59.000 catalanes que tienen reconocido ese derecho se hace con cuentagotas y sin fortalecer a los entes locales, encargados de dar la cobertura de proximidad para los beneficiarios.

A falta de datos de toda Cataluña —la Generalitat no los facilita— un ejemplo de la lentitud se ve en Barcelona, con una cuarta parte del total de los catalanes dependientes moderados. Hay expedientes de 15.828 personas con el grado I reconocido pero que están a la espera de que se les hiciera su Programa Individual de Atención (PIA), el plan determina a qué prestaciones o ayudas tienen derecho de acuerdo con sus necesidades, como la atención a domicilio o un centro de día. Hasta el pasado 10 de marzo, sólo se habían realizado 555 PIAs, el 3,5%.

La ley establece un límite de seis meses para diseñar el PIA. En Barcelona el ritmo de los planes es de cinco beneficiarios al día. A esa velocidad, descontando los nuevos ingresos, serían necesarios ocho años para la cobertura total, si bien muchos ya reciben, por ejemplo, el servicio de atención domiciliaria al margen de LAPAD. Desde los Servicios Sociales explican que para hacer cada PIA necesitan información del departamento de Trabajo y Asuntos Sociales y hasta ahora solo cuentan con un cuarto de los datos requeridos. “El 65% de esta información se ha recibido este año”, agregó una portavoz.

“La Generalitat envía listados y de manera muy discreta aparecen personas con el nivel I. Son expedientes que se remontan a 2008”, explica una delegación de trabajadoras sociales de la Comisión de Dependencia del TSCAT. En muchos casos, tras ocho años de espera, los beneficiarios ni se acuerdan que tenían reconocida su situación de dependencia. “Cuando los atiendes ves que su situación ha empeorado y que necesitan una revisión de grado [al alza], lo cual alarga aún más el proceso”, dicen en TSCAT.

En la presentación de los actuales Presupuestos, la entonces consejera de Bienestar Neus Munté anunció el aumento de 25 millones en la partida de dependencia para dar cobijo a este nuevo colectivo. Un sobreesfuerzo más de la Generalitat, que ya carga con el 80% del coste de la ley. El plan de choque entre Junts pel Sí y a CUP hablaba de dotar la ley con 50 millones adicionales.

Sin ley catalana

Munté explicó entonces que en el ingreso de los nuevos dependientes se priorizarían los que estuvieran en riesgo de exclusión social y el despliegue se haría escalonadamente. Desde el TSCAT ven el personal de los Servicios Sociales de por sí ya desbordados para asumir el volumen de trabajo. “Un PIA no es solo hacer un plan. Es hacer un seguimiento”, explican desde el colegio profesional.

Los únicos datos oficiales de Trabajo y Asuntos Sociales proceden del informe trimestral sobre el despliegue de la dependencia. En septiembre de 2015, 11.816 dependientes de nivel I ya recibían alguna ayuda. La gran mayoría habían logrado entrar antes de la moratoria impuesta por Rajoy desde 2012 hasta junio pasado. Además, 53.021 personas de nivel I tenían su PIA en trámite. En diciembre, los beneficiarios de servicios habían subido un 12,6%, llegando a 13.314 personas aunque la Generalitat no explicó si se trata de expedientes nuevos.

“El peso de los servicios para el grado I recae en el mundo local”, dicen desde el TSCAT. “Es necesario un cambio de paradigma, orientado a la prevención”, agregan. Un modelo de ley catalana de dependencia que se prometió hace tres años y de la que no se conoce ni un borrador.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/04/03/catalunya/1459706696_557410.html

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