Paquete de medidas en Accesibilidad Universal, Discapacidad y Dependencia

Corto Plazo

Dotar de presencia y voz al Movimiento por los Derechos Civiles de las Personas con Discapacidad y/o Situación de Dependencia

Consideramos imprescindible que la Discapacidad se convierta en un elemento fundamental en la construcción de una nueva Idea de País. Para ello promovemos e instamos a erigir las políticas de emancipación y empoderamiento de este colectivo como señas de identidad y expresión de una voluntad clara por alcanzar una sociedad justa y con Igualdad de Oportunidades.

Contribuir a la visualización y generación de un debate constructivo en materia de Discapacidad

Apostamos por la apertura de un proceso participativo de la Ciudadanía con Discapacidad en el que se tomen decisiones concretas y evaluables encaminadas a redundar positivamente en el análisis y mejora de las condiciones actuales de las Personas en Situación de Dependencia y su entorno.

La Discapacidad es una cuestión de Estado, un pilar central del Bienestar.

Las personas con Discapacidad debemos tomar un papel protagonista en todos los procesos de regeneración política, social y democrática. Es por ello que apostamos por una implicación trasversal de la Discapacidad en todos los ámbitos y niveles de participación (políticos, económicos, sociales e institucionales) de nuestro país.

Fortalecimiento y desarrollo de los canales y formas de participación de las Personas con Discapacidad.

Consideramos que la participación activa de las Personas con Discapacidad, en virtud de la Ciudadanía Plena, exige por parte de los poderes públicos la búsqueda inequívoca de las formas más adecuadas para que todo ciudadano pueda tomar un papel activo en las decisiones que le competen en el completo desarrollo de sus Derechos y Deberes.

Medio Plazo

Promover la creación y desarrollo de una Comisión Estatal vinculante de Derechos y Discapacidad.

Nuestro país debe estar protagonizado por ciudadanos que participen y decidan sobre las cuestiones que les afectan. Partiendo de esta premisa, apostamos decididamente por la puesta en marcha de un proceso de diálogo entre todos los actores protagonistas del ámbito de la Discapacidad (personas con discapacidad, entorno familiar, tejido asociativo, instituciones y sociedad civil) que desemboque en una serie de consensos y decisiones vinculantes para el Parlamento en materia de garantía de Derechos, Necesidades y Demandas de las Personas en Situación de Dependencia.

Cumplimento integral y obligatorio de las Politicas y Legalidad vigente en materia de Discapacidad dentro del Estado

Profundizar en las bases y estructuras operativas para promover la estabilización y la generalización del Servicio de Promoción de Autonomía/ Asistencia Personal dentro de la Cartera de Servicios destinados a las Personas con Discapacidad y/o en Situación de Dependencia.

Largo Plazo

Enfoque Integral y unitario de Necesidades y Demandas de las Personas con Discapacidad por parte de las instituciones públicas, nacionales y europeas entendida como la búsqueda de Protocolos de Actuación encaminados a dar una respuesta unitaria a las Necesidades y Demandas de las Personas con Discapacidad en los distintos ámbitos de Vida Cotidiana.

Impulsar y Desarrollar estrategias globales dentro del Estado encaminadas a la Promoción de la Autonomía Personal en el ámbito de la Discapacidad dirigidas a la consecución de las condiciones necesarias y oportunas para la Promoción de la capacidad de Autodeterminación de las Personas en Situación de Dependencia.

Desarrollo de la Atención Social y Sanitaria Integral y Personalizada de las Personas en Situación de Dependencia. La Atención Personalizada e Integral de la Persona con Discapacidad asume la inexorable relación entre la Dimensión Social y Sanitaria del Sistema como condición indispensable para responder de forma adecuada a las necesidades de la persona, considerando a ésta como una realidad dual con una vertiente individual y otra comunitaria entendiendo ambas como una unidad indivisible. Enfocar las intervenciones sociales bajo este Paradigma supone promover y asentar una estructura que coordine las Servicios Sociales y Sanitarios de manera que la Persona las mayores cotas de Calidad de Vida.

1.-
REORITACIÓN Y REINVERSIÓN DE INGRESOS EN ACCESIBILIDAD

-Destinar la recaudación por los procesos sancionadores (multas) municipales por ocupación de vehículos no autorizados en PLAZAS AZULES a mejoras en Accesibilidad. Destinar la recaudación por los procesos sancionadores (multas) municipales por ocupación de vehículos no autorizados en PLAZAS AZULES (correspondientes a personas con Discapacidad) a introducir, reparar, mantener y/o mejorar la Accesibilidad urbana en los diferentes municipios y ciudades. Introduciendo los parámetros y análisis pertinentes en el ámbito local que permitan la evaluación efectiva en materia de Accesibilidad Universal.

ASPECTOS POSITIVOS EFECTOS ECONÓMICOS- SOCIALES – Medida a coste cero. Solo se trata de una reorientación programada de los Ingresos por Sanciones administrativas. – Mejora la inversión retroalimentada. El hecho que se sanciona es a su vez fuente económica de su recuperación y mejora. – Creación de puestos de trabajo con una reinversión real en el tejido urbano EFECTOS DE REPERCUSIÓN COMUNITARIA. – Mejora eficiente de la Accesibilidad en términos objetivos. – Marca como prioridad la Accesibilidad Universal en los municipios y ciudades, y por lo tanto, en la Autonomía. – La implicación Pública en el ámbito de la Accesibilidad repercutiría positivamente en el respeto y la concienciación de la Ciudadanía. ELEMENTOS DE ANÁLISIS. – Seria importante acceder a los datos cuantitativos que muestren los ingresos actuales por sanciones administrativas en materia de Plazas Azules.

Una vez conocidos estos datos se puede hacer una estimación acerca de la proyección de estos ingresos, y por tanto, lo que supondría su reinversión dirigida al ámbito de la Accesibilidad Universal.

MEDIDAS DE ATENCIÓN INTEGRAL

Creación de una política para las personas con discapacidad y sus familias que haga efectivos, financie apropiadamente y articule los derechos recogidos en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006. En particular, implantación efectiva y urgente de las siguientes medidas:

Instauración del derecho a la asistencia personal, así como a otros apoyos necesarios para la vida independiente, como pilar fundamental para conseguir esa vida independiente y la autonomía personal de las personas con discapacidad. Una persona con discapacidad tiene derecho a una vida independiente, a poder elegir dónde, cómo y con quién vive, al igual que el resto de los ciudadanos. La asistencia personal, así como otros apoyos necesarios para la vida independiente, es indispensable para que este derecho se materialice.

Desarrollo de todas las medidas complementarias a la citada en que sean necesarias para garantizar la igualdad de las personas con discapacidad, como, por ejemplo, la creación de un sistema justo y suficiente de prestaciones por ortoprótesis y ayudas técnicas, el reconocimiento por parte del sistema sanitario de los tratamientos de rehabilitación continuados que son indispensables en algunos casos, o la creación de programas de transición a la vida independiente para aquellas personas que tengan más dificultades.

Desarrollo de políticas de integración laboral efectivas para personas con discapacidad con el empleo normalizado como objetivo prioritario, incluyendo la adaptación del puesto de trabajo, la formación y el establecimiento del “Empleo con Apoyo” como herramienta indispensable de cara a la integración laboral del colectivo.

Establecimiento, en todas las políticas relacionadas con la discapacidad, de la prioridad del modelo de vida independiente, autonomía personal y empoderamiento de las personas con discapacidad y sus familias sobre el modelo de cuidados asistenciales, reclusión residencial y dependencia.

Creación de una política integral de ayuda a las personas dependientes y sus familias que tenga en cuenta el bienestar de ambas. En particular, auditoría de derechos humanos de todas las residencias y cierre inmediato de aquellas que los vulneren. Cuando la persona dependiente resida en el hogar, establecimiento de todos los mecanismos necesarios para que el grueso del esfuerzo no recaiga sobre los familiares sino sobre cuidadores profesionales. Creación de un programa de protección del cuidador familiar cuando éste decida llevar a cabo algunas de las tareas de cuidado, así como de la propia persona dependiente. Evaluación continua por parte de un trabajador/educador social de la situación familiar.

Racionalización, desburocratización y humanización de todos los procedimientos.

Creación de sistemas integrales de acompañamiento y apoyo socio-sanitario en todos los casos.

Diseño e implantación de las medidas conducentes a garantizar una atención temprana y una educación inclusiva para todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, en todos los niveles educativos, desde la etapa de educación infantil hasta la etapa de postobligatoria y la universidad, así como en la formación no reglada. Dichas medidas deberán asegurar la detección temprana de las necesidades de apoyo, eliminar la segregación de los niños y jóvenes con discapacidad y proporcionar el apoyo necesario para un máximo aprovechamiento de los aprendizajes por parte de los mismos. Todo ello garantizando siempre la participación y empoderamiento de los niños y jóvenes con discapacidad y de sus familias en la toma de decisiones y en los procesos que les incumban.

Diseño e implementación de políticas efectivas destinadas a garantizar el acceso universal al transporte y la movilidad de las personas. En el caso de las personas con discapacidad, establecimiento de protocolos de movilidad aérea, por mar y tierra que prioricen su comodidad por encima de la de las compañías, así como programas de formación destinados a incrementar la autonomía en el uso del transporte público por parte de estos colectivos y otros que presenten dificultades especiales.

Garantizar el acceso universal a la información, las comunicaciones y a las relaciones con administraciones, entidades o servicios públicos y privados, prestando especial atención a aquellos colectivos con más dificultades, como las personas con discapacidad física, sensorial o intelectual, o las personas mayores.

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