Un juzgado investiga a los servicios sociales de Barcelona por cambiar el plan de atención de un dependiente

La familia de una persona con discapacidad considera que existe una presunta prevaricación por no comunicarle debidamente la modificación.

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Antonio Moreno, el padre de Álex, cree que es víctima de una «venganza encubierta legalmente». El pasado verano denunció que los Servicios Sociales Básicos del Ayuntamiento de Barcelona podrían estar cometiendo un presunto delito de prevaricación al cambiar el Programa Individual de Atención (PIA) de su hijo, que sufre una dependencia, sin que la Generalitat se lo comunicase. Así se indica en las denuncias a las que ha tenido acceso este diario y que el Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona investiga. En el auto de incoación de diligencias previas, la magistrada considera que la denuncia hace «presumir la posible existencia de una infracción penal» por lo que ha reclamado documentación al Consistorio sobre el cambio de PIA de Álex.

La denuncia indica que en abril de 2014 el responsable de los Servicios Sociales Básicos del Ayuntamiento de Barcelona, Lluís Batlle, firmó una notificación de la citación para modificar el PIA, que regula las prestaciones que ofrece la Ley de Dependencia a aquellas personas que las necesitan. La citación indica que la Generalitat modificó la «situación personal» de Álex y cambiaba el plan reconocido. El juzgado ha reclamado a los Servicios Sociales esta comunicación ya que Moreno no la encontró en el expediente de su hijo tras pedir una copia y buscarlo.

«No discuto en absoluto el derecho de la Administración a cambiar el PIA de mi hijo si así lo considera oportuno. Ahora bien, tratándose de servicios sociales básicos para personas con discapacidad bajo ningún concepto la Administración y los funcionarios públicos pueden dictar resoluciones a sabiendas de su falsedad», indica la denuncia de Moreno quien cree que presuntamente el responsable de estos servicios emitió una orden a sabiendas de que era falsa, por lo que pudo incurrir en un supuesto delito de prevaricación.

Además, Moreno denunció ante el juzgado que Batlle actuó supuestamente motivado por «unas posibles represalias en contra de mí, por haber defendido a una familia» con un hijo autista que los Servicios Sociales quisieron quitar «según ellos por maltrato, y que gracias a mi intervención el caso se archivó». Moreno denunció esta situación ante la Fiscalía de Menores que controló la actividad de los servicios municipales. «Durante mi intervención en el caso, como presidente de la entidad de derechos civiles Col·lectiu Papás de Álex me tuve que encarar con energía en la defensa de esta familia monoparental», indica la denuncia.

Incluso cree que su actuación «dejó en evidencia ante la opinión pública» a estos servicios. Moreno recordó que «las supuestas y posibles represalias se las están haciendo en la persona de mi hijo que es vulnerable y ajeno a todo esto». El denunciante destacó que el 21 de julio pasado se realizó el acto administrativo que modificaba el PIA durante el cual la administración les informó que tienen «una deuda con la administración, de 4 años, por un importe aproximado de 10.000 euros, dado que nuestro hijo ha acudido a un centro de día de terapia ocupacional».

Moreno explicó a este diario que el año pasado su mujer, que era la encargada de cuidar a Álex, pidió ser dependiente por lo que siguiendo la normativa debían revisar el PIA de su hijo. En esta revisión constaba que Álex va a un centro ocupacional desde 2010 por lo que no le corresponde tanta prestación y los Servicios Sociales han solicitado que se les devuelva con efectos retroactivos, lo que suma más de 10.000 euros.

El denunciante se opone a esta «aplicación retroactiva» no sólo por la situación de «vulnerabilidad y fragilidad» en la que deja a su familia sino porque considera que «la interpretación de la norma que hace la administración es muy dudosa». Moreno recuerda que en el PIAde su hijo consta que los Servicios Sociales revisarían su situación cada seis meses, aunque asegura que sólo lo han hecho en dos ocasiones: en 2008 cuando se lo concedieron y en julio pasado. Además destaca que Álex acude a un taller ocupacional desde 2010 como comunicó la Generalitat al Ayuntamiento en octubre de ese año.

Por eso cree que en el fichero de los Servicios Sociales debería constar que Álex acude al taller. «Existe una negligencia porque no han hecho seguimiento de mi hijo y ahora me piden que devuelva el dinero», destaca Moreno. Además dice que hay otros indicios que lo llevan a sospechar de una «represalia encubierta» ya que el encargado de revisar el PIAes el responsable de los Servicios Sociales de Barcelona y no una asistente social como pasa con otros dependientes. O que la directora general del ICASS lo ha convocado para comunicarle «personalmente» la resolución del nuevo PIA de Álex.

El Instituto Municipal de los Servicios Sociales (IMSS) informó a este diario que no ha recibido ningún requerimiento judicial y destacó que reiteraba el reconocimiento a la labor y profesionalidad de Batlle al frente de los Servicios Sociales Básicos. También quisieron aclarar que el Ayuntamiento de Barcelona sólo es la administración gestora de las resoluciones que decide otra entidad.

http://www.elmundo.es/cataluna/2014/11/02/545541f9e2704e8d368b4577.html?cid=SMBOSO25301&s_kw=facebook

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