El Parlament aprueba la ley para garantizar la accesibilidad de discapacitados de Cataluña

El pleno del Parlament ha aprobado hoy la ley de Accesibilidad, que fija las condiciones para que los espacios públicos, edificios, transportes y las comunicaciones se adecúen a las personas que sufren alguna discapacidad, más de 500.000 en Cataluña.

La nueva ley se ha aprobado por unanimidad en la mayoría de los puntos y se han rechazado todas las enmiendas que los grupos tenían reservadas para el pleno.

El PPC se ha abstenido en seis artículos de la ley y todos los grupos, salvo CiU y ERC, han votado en contra de la disposición final primera del texto.

El proyecto de ley fija, entre otros aspectos, que la planificación de los espacios urbanos garantice la accesibilidad de todos los ciudadanos y que las promociones de vivienda pública reserven un porcentaje de pisos para personas con discapacidad o movilidad reducida.

También establece que el personal de atención al público preste orientación y ayuda personalizada a las personas con discapacidad que lo soliciten; que se garantice el aprendizaje y el uso del sistema de lectura y escritura en Braille a los alumnos ciegos y sordociegos, y que las administraciones públicas, incluidas las municipales, elaboren planes de accesibilidad.

El texto también recoge que el gobierno debe destinar partidas de cada ejercicio presupuestario en actuaciones de promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas, y considera infracciones, entre otros, la falta de mantenimiento de los elementos necesarios para garantizar la accesibilidad a los edificios o en la vía pública.

En un comunicado, el Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI) ha considerado que la Ley de accesibilidad es un avance porque recoge las propuestas de las entidades del sector de la discapacidad y contempla todos los aspectos de la vida de las personas con discapacidad.

COCARMI ha advertido que puede haber dificultades en el desarrollo de la ley de Accesibilidad porque no va acompañada de una memoria económica, tal y como reclamaba el colectivo, ni medidas de revisión.
Sin embargo, ha considerado que el hecho de disponer de un régimen de sanciones, ofrece la oportunidad de dedicar los recursos recaudados a la financiación de la ley.

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