El sector de atención a dependientes se declara al borde de la bancarrota

¿Qué fue de la Ley de Dependencia, la norma estrella de los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero para atender a las personas que no pueden valerse por sí mismas? Siete años después de su aprobación y entrada en vigor, las asociaciones empresariales y sindicales del sector de la atención a personas dependientes dieron ayer la voz de alarma.

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Los responsables patronales de las residencias de ancianos, empresas de ayuda a domicilio y de atención sociosanitaria en general aseguran que están “al borde de la bancarrota”, según aseguró el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED).

Esta situación se produce debido a las decisiones del Gobierno durante los últimos cuatro años de reducir progresivamente la financiación estatal de la Ley de Dependencia, hasta el entorno de los 1.000 millones, lo que supone haber reducido casi a la mitad esta partida de gasto. En esta misma línea, las administraciones autonómicas también han ido recortando las inversiones en el sector a los que les obligaba la ley.

Ante esta circunstancia patronal y sindicatos se han unido para exigir a las Administraciones Públicas que reestablezcan la financiación de la Ley de Dependencia. De hecho, según los cálculos elaborados por los agentes del sector, el reestablecimiento de la financiación de esta norma supondría un ahorro para las arcas públicas de unos 10.000 millones de euros.

Esta cantidad se obtendría de crear un sistema de atención sociosanitara con capital publico privado. Así, mientras una cama de hospital tiene un coste diario de entre 650 y 700 euros, la atención de rehabilitación y convalecencia que en muchos casos de mayores ahora se hace con ingresos hospitalarios ante la falta de otro tipo de infraestructura sanitaria, sería notablemente inferior (de unos 150 euros), según los responsables patronales del sector.

A esto, habría que añadir los retornos en materia de empleo e ingresos tributarios “además del efecto de dinamización que supone dar trabajo a muchas mujeres en entornos rurales”, añaden.

En este escenario, las organizaciones sindicales y empresariales se han unido para retomar el funcionamiento del Observatorio de la Dependencia, que hará dos radiografías en detalle del sector al año (una cada seis meses). Con los datos de estos estudios pretenden reconducir la aplicación de la ley, que según criticaron ayer, no se ha cumplido en ningún momento.

El principal de estos incumplimientos ha sido a lo largo de los últimos siete años la generalización de las ayudas a cuidadores familiares no profesionales como principal prestación a dependientes, cuando la norma establece que este tipo de ayuda debía ser la última y solo cuando no pudiera prestarse el servicio en una residencia o con ayuda a domicilio.

Reconducir las ayudas a profesionales

Así, las ayudas a familiares llegaron a ser más del 70% de todas las prestaciones de dependencia. Ahora, la retirada de las cotizaciones a estos cuidadores –por los que el Estado ha pagado 1.000 millones de euros– y el recorte del 15% de esta prestación, así como el endurecimiento del acceso a ella, han corregido algo su uso. Según los últimos datos estadísticos, de las 945.794 prestaciones que el sistema pagaba a 31 de enero pasado hay 754.589 beneficiarios y algunos cobran más de una ayuda– el 43% (407.731) eran ayudas a familiares no profesionales.

La demanda del sector es que el retorno a la financiación pública se produzca hacia las ayudas a la prestación de servicios por parte de profesionales y no a familiares. En ese punto, reclaman “urgentemente” un reglamento que establezca las condiciones de acreditación de centros y servicios, que aún está pendiente. Y exigen que esta acreditación sea “lo más homogénea posible en todo el territorio nacional”.
Beneficiarios sin ayudas y 50.000 plazas vacías

Las comunidades autónomas han reconocido la condición de dependientes a más de 900.000 ciudadanos. Sin embargo, en la actualidad poco más de 754.000 reciben algún tipo de ayuda. Según denunciaron ayer los responsables sindicales del sector de la Dependencia hay unos 200.000 grandes dependientes y severos que no reciben prestaciones “y que podrían reclamarlas en los tribunales”, según los representantes de CC OO.

Al tiempo, dese la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) aseguran que en España existen ahora más de 50.000 plazas vacías en residencias de mayores y atención a dependientes. Además, los sindicatos denuncian que solo el 45% de las adjudicaciones públicas salen a concurso. Y la media de adjudicación está un 16% por debajo del coste inicial, lo que se traduce en menor calidad y menor empleo.

http://cincodias.com/m/cincodias/2014/02/20/economia/1392909456_713722.html

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